Por Juan E. Sánchez, gerente del Centro de Finanzas Corporativas de MAXIMIXE
El crecimiento de las ciudades y con ello el la circulación vehicular trae consigo muchos problemas entre ellos la congestión de vehicular, usualmente reflejado en el uso inapropiado de los espacios públicos destinados a estacionamiento vehicular, el que se ve agravado por: (i) las malas prácticas de conductores de vehículos, (ii) la inoperancia del sistema de transporte público, (iii) la deficiente capacidad institucional para responder ante este problema, (iv) el diseño obsoleto e inadecuado de las vías de circulación, y otros factores.
Las políticas públicas que han formulado las autoridades municipales para atacar el problema por el contrario han estimulado la oferta de estacionamientos mediante la creación de nuevos estacionamientos gratuitos y la exigencia de cantidades mínimas de estacionamientos propios nuevos, trayendo como efectos negativos: (i) el congestionamiento, (ii) la polución, (iii) la deficiente prelación de la utilización del espacio público, que se emplea por ejemplo para tener largo tiempo un vehículo detenido en lugar de utilizarlo en vías para bicicletas, carriles para buses, veredas más anchas o espacios verdes; y (iv) la poca utilización por los vecinos del espacio público. Por el contrario, no se han desarrollado políticas públicas permanentes para disminuir la demanda o estimular el empleo de medios alternativos de transporte: a pie, en bicicleta, en buses o tren eléctrico.
Esta situación ha derivado en la necesidad de que las municipalidades se tracen como objetivo abordar el problema desde diferentes ángulos, entre ellos el control del uso de los espacios públicos para estacionamiento vehicular, ya sea a través de la restricción del uso de los espacios disponibles (límites de tiempo, restricciones de usuarios y prohibiciones totales) o del cobro por el uso de los mismos (parquímetros), lo cual sigue siendo una estrategia frecuente y válida utilizada en muchas ciudades del mundo para mitigar los efectos nocivos de la demanda por estacionamientos, buscando alcanzar los siguientes objetivos: (i) liberar espacios de vías de circulación de vehículos; (ii) disminuir desplazamientos en automóvil, particularmente de aquellos que van al trabajo y dejan el vehículo ocupando espacio público por largos periodos; (iii) promover uso de transporte masivo; (iv) actuar sobre desplazamientos en horas punta tratando de cambiar horarios; (v) promover estacionamiento de corta duración (rotación); y (vi) disminuir número de vehículos en movimiento a la búsqueda de espacio para estacionar.
Para reglamentar el control de estacionamientos en espacios públicos, las autoridades municipales deberán: (i) regular la oferta de estacionamientos en espacios públicos, mediante la reglamentación estricta del empleo del espacio público destinado a estacionamiento y detención de vehículos, (ii) desestimular la demanda al incentivar el empleo de medios de transporte alternativos al automóvil particular; y (iii) dictar medidas de circulación vehicular para dar fluidez al tránsito que atraviesa la ciudad para desplazarse a su destino. Pero, como dichas medidas generarán una evidente presión sobre la demanda creciente de estacionamientos vehiculares, las autoridades municipales se verán en la obligación de formular políticas públicas que promuevan la creación de estacionamientos vehiculares bajo gestión privada, ya sea en el subsuelo de espacios públicos o en áreas privadas, generando además incentivos para atraer a la inversión privada en asociación público-privada con el Estado (municipalidades) o entre privados.