Unos 125 contratos de inversión se suscribieron en Perú por S/. 82.517 millones entre 1995 y agosto del 2014 bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privada (APP), informó hoy la Contraloría General de la República. El estudio de la Contraloría denominado “Causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Público Privadas en el Perú» especifica que desde 1995 al 2008 se suscribieron 48 contratos de inversión, lo que significó inversiones por S/. 20.566 millones, mientras que del 2008 hasta agosto del 2014 se suscribieron 77 contratos por S/. 61.951 millones.
Según el estudio, el total de proyectos y de inversión se incrementa considerablemente por la publicación del reglamento de la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado en mayo del 2008. Se indica que las APP han significado un hito en la evolución del desarrollo de la infraestructura y prestación de servicios públicos en el país. El estudio analizó también una muestra de diez contratos de concesión, suscritos entre 1991 y 2013, los cuales involucran una inversión superior a los US$ 6.000 millones. En los contratos materia de análisis se suscribieron 39 adendas, lo que evidencia que existe una alta incidencia de contratos que han requerido renegociar las condiciones inicialmente establecidas.
En esa línea, la Contraloría presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para que las modificaciones a los contratos de APP cuenten con un informe previo del Organismo Superior de Control, a fin de detectar posibles riesgos en dichas operaciones para que ser corregidos oportunamente. Ello en razón de que las adendas, en algunos casos, demandan nuevos montos de inversión que podrían ocasionar inconvenientes en el financiamiento del proyecto y en su operatividad dado que aumenta el presupuesto del concesionario o del concedente.
El contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, explicó que la Contraloría opina previamente por las afectaciones financieras del Estado en todas las obras que son realizadas en el país. “Sin embargo, cuando ocurre una remediación o renegociación del contrato, la ley no exige que la Contraloría opine previamente”, explicó.
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