Congreso de la República se pliega a demandas de Loreto por el Lote 192

Luego de que el diálogo entre las autoridades de Loreto y el Gobierno Central se suspendiera por no llegar a acuerdos sobre el destino del Lote 192 (ex 1-AB), el Legislativo tendrá que asumir un rol protagónico para evitar un nuevo conflicto social en el país.

Esto en un contexto en el que ayer Loreto convocó al paro regional preventivo de 24 horas, congregando entre 50 mil y 100 mil loretanos en toda la región, incluidas las provincias de Yurimaguas, Caballococha, Contamana, Datem del Marañón e Iquitos, entre otras. Loreto en su conjunto rechaza la adjudicación del principal lote petrolero del país a Pacific Exploration & Production Corporation, a pocos días de firmarse el contrato de servicios por su operación de dos años.

Perupetro hace unos días declaró a Pacific como ganador del proceso de negociación directa, por lo que operará de manera temporal, mientras se elabora un nuevo concurso para el contrato de 30 años.

El pueblo de Loreto, así como en Piura y otras partes del país, ha venido exigiendo que sea la empresa estatal Petroperú la que asuma el Lote 192 y que convoque a un socio que se haga cargo de las operaciones, pero que su producción y reservas sean de propiedad del Estado.

El no haber llegado a un acuerdo, como que la estatal ingrese con un 25%, ha originado el rechazo y el cuestionamiento desde esta parte de la población que exige ser escuchada, pues en su territorio se encuentran las operaciones del Lote 192.

Por ello, de manera sorpresiva el presidente del Congreso, Luis Iberico, junto con César Acuña, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), recibieron a las autoridades loretanas y les manifestaron su respaldo en esta lucha.

Incluso este hecho no quedará en palabras, pues enterados de que existe una Iniciativa Legislativa Ciudadana (que cuenta con más de 100 mil firmas de todo el país), se le dará la celeridad respectiva. Esta Iniciativa apunta a romper los candados puestos por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Ley 30130, que le impiden ingresar por un tema legal a los lotes petroleros.

Iberico prometió que, en la junta de portavoces, se acordará darle prioridad en la agenda a la Iniciativa Legislativa, para que el miércoles que sesiona la Comisión de Energía y Minas se vea el predictamen de este proyecto, teniendo la posibilidad de exonerar el trámite de comisión (que supondría la presencia de un conjunto de funcionarios a explicar sobre la adjudicación del Lote 192).

Al tratarse de un asunto de vital importancia y en el que el tiempo es el enemigo, pues estaría solo pendiente la emisión del Decreto Supremo que autorice a Perupetro la suscripción del contrato con Pacific antes del 29 de agosto (fecha en que termina el contrato con Pluspetrol), las voces dentro del Parlamento que dan asidero a este reclamo parecen tomar fuerza.

Al menos una moción multipartidaria presentada la semana pasada y firmada por 15 congresistas del nacionalismo, fujimorismo y del Frente Amplio apoya que sea Petroperú el adjudicatario.

El congresista Manuel Dammert dijo que por tratarse de un tema específico se centraría en el candado de la Ley 30130 sobre inversiones a las que no puede entrar Petroperú.

El dictamen que salga de la Comisión de Energía y Minas, apuntó Dammert, se exonera del trámite de comisión y existe el compromiso de Iberico de que se vea en el Pleno del Congreso este jueves.

«Inmediatamente se ve el jueves, se manda al Ejecutivo, que puede dictar un Decreto de Urgencia. Inclusive el presidente de Petroperú se ha mostrado a favor de un contrato en el Lote 192 por 30 años. Es una oportunidad histórica», precisó.

Al ser consultado por el conflicto de interés en el que habría incurrido el presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, quien trabajó para BPZ, socio de Pacific en el Lote Z-1, el congresista Manuel Dammert señaló que si el gobierno publica un Decreto Supremo que otorgue el Lote 192 a la empresa canadiense tendría argumentos suficientes para presentar un recurso de nulidad y eso acarrearía responsabilidades en aquellos funcionarios que respalden esa ilegalidad, entre ellos a la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz.