Es ilógico pensar en exigir al sector privado pesquero que responda por el interés del país. El sector privado actúa de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a los intereses del país. La nueva administración de pesquería debería incluir en sus reformas, la aplicación de royalties al sector pesquero basado en la explotación de los recursos hidrobiológicos, que son recursos naturales renovables, pero solamente en la medida que se les permita renovarse.
Este es un pago justo para redistribuir las ganancias del sector entre sus propietarios, La Nación, y un ente corrector que permitirá conjugar la eficiencia de la actividad con la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.
El punto no estar en contra del sector privado ni confrontarlo, sino que no se puede subordinar el interés público al privado. El concepto de Nación implica la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de las normas legales vigentes, las cuales no pueden ni deben perjudicar al interés público.
La Prensa afirma el sector pesquero peruano está creciendo y aumentando sus exportaciones, lo que hace presumir que el sector exportador aumentó y/o obtuvo cuantiosas ganancias. Lo que no dicen es con cuanto de esta renta contribuye con la Nación ni cuánto y quiénes ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió como efecto de los impactos sobre el ecosistema y el medio ambiente y quiénes perdieron para que el Perú de la prensa oficial ganara.
La Revista Pesca publica periódicamente las cifras del sector pesquero, tanto en sus ediciones mensuales como en su blog. Su análisis evidencia que hemos estado frente a autoridades sectoriales más interesadas en crear impactos publicitarios y promocionarse a título personal a través de los medios, que en analizar las cifras e introducir correctivos adecuados. Probablemente carecían de alternativa al desconocer el Plan de Gobierno del partido que los designó y carecer de agenda propia por su inexperiencia y desconocimiento del sector. La mayor parte de Titulares de Pliego del sector han tenido este perfil, especialmente en los últimos dos años, sumado a escasa eficiencia en la ejecución de su presupuesto.
¿Quién menciona que detrás de ese “crecimiento económico”, que no es lo mismo que “desarrollo económico” se oculta un drama medio ambiental y de injusta participación en la riqueza generada por la pesca, similar o mayor que el crecimiento logrado por el Perú de las cifras oficiales.
Detrás de las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un país próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería depredada, cuyas utilidades no alcanzan a la Nación. Disfrazar esta realidad regalando pescado o entregando la limosna de un jurel barato a la población, en determinados momentos, no puede ocultar la realidad a una población que poco a poco va despertando de un letargo ancestral.
Marcel Claude (*)en algún momento escribió lo que se transcribe, que de alguna manera es similar a lo que ocurre en el Perú:
“No es el simple impuesto, con el cual se confunde erróneamente y se malentiende el origen real del royalty que es: “el justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justo precio” intenta capturar para beneficio del país el valor de la renta económica del recurso agua y consecuentemente cobrar un pago por su uso.
“Se ha intentado difundir la idea falsa de que constituiría un nuevo tributo. Sin embargo, la naturaleza del royalty está muy lejos de ser un impuesto y existen sólidos argumentos para defender su aplicación en nuestro país.
Finalmente, la cuarta característica del royalty dice relación con la meta del progreso y del desarrollo de Chile. Mucho se ha argumentado que la aplicación del royalty a los recursos naturales amenazaría las posibilidades de desarrollo del país. Muy por el contrario, la forma de generar desarrollo a partir de los recursos naturales, es precisamente invirtiéndoles en el proceso productivo, pero, claro, debe estar recibiendo una compensación económica por ello. Al igual que un trabajador recibe un sueldo con el que provee alimentación, salud, vivienda, educación y abrigo a su familia, un país debe recibir un pago por aportar sus recursos naturales a la producción, con lo cual podrá proveer educación, salud, infraestructura, investigación y desarrollo a sus habitantes.
*Marcel Claude es vicepresidente de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
