El tema es que el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) vigente está alineado con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, tomó mucho tiempo armarlo y articularlo y darle soporte técnico legal.
Cambiar o desarmar eso, amerita una acción similar inversa con el consenso y participación de todos los elementos técnicos, políticos y sectoriales que intervinieron en su formulación.
El ordenamiento legal en cuestiones de normatividad y planes estratégicos, no parece ser muy respetado, o conocido. Se trata de respetar la institucionalidad antes de implementar nuevas ideas y que respondan a un plan estratégico consensuado.
¿Qué se hace cuando se asume la cartera y no existen objetivos sectoriales que estén plasmados en el Plan de Gobierno? No se debe cambiar cada cinco años los planes. Pero si hay que cambiarlos, porque es potestad del gobierno, debe hacerse adecuadamente buscando que el cambio sea una mejoría y pensando en la sostenibilidad del plan en el largo plazo.
Lo que se espera al inicio de un gobierno, ante la ausencia de políticas y objetivos de largo plazo, es que se reformule el PESEM en función a nuevos estratégicos diseñados para el quinquenio y que estén de acuerdo con la visión del nuevo gobierno para el período, en la medida que la tenga. El problema es cuando no la tiene y por tanto no se ha establecido formal y técnicamente. La improvisación o el cambio por el cambio no es la mejor receta.
Lo que se evidencia es la debilidad del sistema y de la institucionalidad. Al no existir objetivos de largo plazo que trasciendan un período de gobierno, convertidos en Política de Estado, coherente con el Plan Bicentenario, no hay garantía de que sean respetados por cada nuevo Gobierno.
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