La creación de ‘Invierte Perú’ en reemplazo del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), obedece al propósito del gobierno de agilizar la inversión pública y, a la vez, elevar su calidad. Se pretende lograr mayor agilidad haciendo que las entidades públicas ya no tengan que presentar perfiles de pre-factibilidad y factibilidad que sustenten el costo-beneficio de cada proyecto, sino que bastará con que presenten una ficha técnica -acompañada del correspondiente expediente técnico- que demuestre su contribución al cierre de brechas de infraestructura, que darán lugar a metas referenciales de gasto. Se pretende lograr una mayor calidad vinculando la cartera de proyectos a un plan nacional de infraestructura multianual, formulado en función al cierre de brechas de infraestructura que deriven de los planes de desarrollo regional y sectorial.
La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF será el administrador y supervisor del portafolio de inversiones y jugará el rol de ente rector del nuevo sistema, dictando los procedimientos y lineamientos de programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión.
La intención es buena. Sin embargo, quedan muchas dudas flotando en el ambiente respecto a la efectividad de esta reforma para lograr elevar la calidad de la inversión pública, que ojalá terminen de despejarse al dictarse el reglamento de la Ley (Decreto Legislativo N° 1252), dentro del plazo de 60 días. Cabe destacar al respecto las siguientes preocupaciones:
- La flexibilización que implica la introducción de metas de gasto y fichas técnicas sustentadas en brechas de infraestructura, si bien puede coadyubar a una mayor agilidad de las inversiones, también puede atentar contra la calidad de los proyectos, pudiendo incentivar la proliferación de proyectos pequeños desarticulados.
- No quedan claros los criterios de priorización de los proyectos, dado que los planes sectoriales y regionales pueden colisionar, en cuanto no derivan de un proceso de planificación territorial de carácter nacional.
- El MEF mantiene un rol centralizador de la decisión de qué proyecto va y cuál no va. Si bien este rol ahora se realiza dentro de un marco de programación multianual, sigue primando una visión predominantemente presupuestaria y no de desarrollo. Para que prime una visión de desarrollo se requiere implmentar un sistema de planificación nacional de carácter participativo y territorial, liderado por un organismo competente, que debe ser el CEPLAN.
- El enfoque de brechas de infraestructura es insuficiente, puesto que las brechas pueden cerrarse con proyectos malos, regulares o buenos, y con el nuevo sistema ya no hay mayor control del costo beneficio, por lo que el riesgo de que se sobredimensionen los costos de los proyectos y haya más corrupción puede aumentar.
- Los planes sectoriales y regionales seguirán siendo compartimentos estancos, que duplican esfuerzos y multiplican visiones y enfoques, dado que no se desprenden de un proceso de planeamiento territorial de carácter nacional y participativo.
- Se pueden generar expectativas desmesuradas en las regiones que luego se vean frustradas cuando el MEF decida que tal o cual proyecto no va, lo que podría agudizar los conflictos sociales.
El enfoque de brechas de infraestructura no resuelve el problema de descoordinación que se deriva tanto del hecho que las rentabilidades de los proyectos de invesión pública sean interdependientes entre si y respecto de las decisiones de inversión privada. Tampoco resuelve el problema de la existencia de asimetrías de información y conocimientos técnicos de los gobiernos regionales y locales.
Qué proyectos de desarrollo debe ejecutarse con el presupuesto público, es una pregunta que no puede ser respondida desde un escritorio de Jirón Junín del cercado de Lima. La única manera de enrumbar el sistema de inversión pública por un cauce de eficiencia y eficacia, es estableciendo un sistema nacional de planificación de carácter territorial y participativo, que permita alinear los enfoques y las expectativas de todos los peruanos. Hay que escuchar la voz de la sociedad civil y elaborar a partir de ella una matriz de viabilidades y prioridades, evitando la discrecionalidad de los burócratas de turno. Se requiere de un sistema de planifiación que dé racionalidad y consistencia a las decisiones de inversión.
