La carretera central ha colapsado; el aeropuerto Jorge Chávez con graves problemas para atender la demanda de los servicios aeroportuarios que sigue creciendo; se difunde los actos de corrupción en la contratación y ejecución de obras en los gobiernos, nacional y sub nacionales en los que se encuentran involucrados autoridades de primer nivel; la brecha de infraestructura en transporte es importante; la falta de planificación nacional para la infraestructura en general que la propia Comisión de Integridad la ha propuesto para reducir la corrupción; la falta de visión de futuro y de la planificación del sector y de las ciudades que no consideran la movilidad de las personas y la logística, el uso de las carreteras de la red nacional como vías urbanas, el pésimo servicio de transporte público de pasajeros; son las características principales del sector.
La congestión y el caótico tránsito en la capital y en las principales ciudades del país que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos; los casi 2,700 muertes y 54,000 heridos en el 2016 por accidentes de tránsito; la falta de educación vial; la cultura de falta de respeto a las normas de tránsito, la informalidad en el transporte; la corrupción que se comenta sobre el otorgamiento de licencias de conducir, las revisiones técnicas, la emisión de papeletas falsas; el no pago de las papeletas impuestas, son muestras de la problemática del sector.
Todo ello nos llama a la reflexión, si debemos continuar reaccionando y resolviendo sólo los problemas de corto plazo que se presentan y actuando como bombero sin tener una visión de futuro. Hacer más de lo mismo, continuaremos con resultados negativos y quizás serán más graves, porque las demandas de la infraestructura y de los servicios de transporte se incrementarán a lo largo del tiempo, lo que se agravará cuando no haya una política nacional y racional en el desarrollo de las ciudades, máxime cuando la tendencia mundial es que habrá mayor población urbana.
El sector transportes tiene problemas estructurales que no se desea reconocer ni resolver. Es necesario continuar solucionando los problemas y seguir operando; pero también es imprescindible que un equipo multidisciplinario evalúe la situación y proponga una nueva orientación. Este equipo debería estar liderado por una persona que esté orientada a la satisfacción de los usuarios y que no sea un experto en infraestructura ni en regulación del sector. Esta persona debe tener un enfoque de procesos que una gestión de calidad lo promueve y como lo establece el D.S. 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y actuar como un director de orquesta y no como un especialista, armonizando los aportes de los expertos en planificación multimodal, en infraestructura de los diferentes modos de transporte, en regulación y en normatividad de los servicios.
Considero que los problemas estructurales del sector se originan en el diseño de las instituciones, en donde no se distingue el rol de los gobiernos de ser autoridad en los servicios de transporte y su rol de proveer infraestructura. Además el sector debe participar en el desarrollo de las ciudades para identificar las necesidades de infraestructura para la movilidad de las personas.
Asimismo, en el sector no se distingue el rol de autoridad y el de proveer servicios de transporte que es una actividad económica que él mismo regula y fiscaliza, generándose la situación de ser juez y parte a la vez, como el caso del Tren Huancayo – Huancavelica, donde la misma Dirección General que la norma, autoriza, fiscaliza y es la que la opera. La AATE es la que opera la Línea 1 del Tren Villa El Salvador – San Juan de Lurigancho y sin embargo se le denomina Autoridad. PROTRANSPORTE es un Instituto que norma y también opera el Metropolitano y los Corredores Complementarios.
Por otro lado, la cultura en el sector no se orienta al servicio al ciudadano, como lo demuestra el hecho que existe una Dirección General para proveer infraestructura para cada modo de transporte y no existe una Dirección General que se encargue de velar para que una combinación de dichos modos satisfaga en forma óptima los requerimientos de las actividades económicas y de la población.
Los conceptos tampoco están claros en el sector, como por ejemplo cuando el ejercicio de una función pública es encargado a un tercero a través de una simple autorización o de una concesión. En el caso de autorización, la responsabilidad ante la ciudadanía continúa en el Estado y por lo tanto debe controlarlo y remunerarlo de acuerdo a las cláusulas de un contrato que contenga las garantías para que todas las obligaciones para que el servicio que brinda para ejercer dicha función sea ejecutada eficazmente. Por otro lado, para ejercer la función pública no podría existir concesión alguna porque realmente, el “concesionario” está brindando un servicio al Estado y no al ciudadano. Ejemplos son, los exámenes médicos para obtener licencia de conducir que son efectuados por empresas privadas previa una simple autorización y; la concesión otorgada para realizar las revisiones técnicas, funciones que son de exclusiva responsabilidad del Estado que, por su naturaleza es monopólica.
Por ello, es necesario tener un enfoque nuevo para el sector y para lo cual sería bueno incorporar a personas con otra mentalidad para que unifiquen criterios, desarrollen planteamientos, capaciten y difundan correctamente los conceptos y promuevan las modificaciones de la legislación a fin de hacer viable y sostenible la gestión.
Finalmente, Para ver el bosque, hay que salir de allí.
