El Congreso de los EUA anunció esta semana la esperada reforma impositiva impulsada por el presidente Trump. Si bien la reforma anunciada no es la propuesta final, ya que tendrá que pasar por el filtro del debate en ambas cámaras, su contenido nos da una idea de cuál será el futuro del régimen impositivo norteamericano. La propuesta retira el polémico “Border Adjustment Tax” (BAD tax) inicialmente planteado por la administración Trump. Sin embargo, reduce el impuesto a la renta a las empresas (“Corporate Income Tax”, CIT) de 35 a 20 por ciento. El impuesto a la renta a las personas naturales (“Personal Income Tax, PIT”) se simplifica pasando de las actuales 7 franjas impositivas a 4 franjas (12, 25, 35, y 39,6%) y elimina el impuesto mínimo a la renta. Eleva la franja de ingresos a partir de la cual se paga PIT (a US$ 24.000). Duplica la deducción personal, pero elimina la mayoría de las otras deducciones existentes en el actual régimen. También elimina en forma progresiva el impuesto a la herencia.
Lo novedoso de la propuesta es que, por primera vez, modifica el concepto de la imposición sobre el ingreso global mundial de las empresas. Las empresas solo pagarán 10% sobre la repatriación de sus ganancias obtenidas fuera de los EUA. La propuesta incluye una amnistía sobre las ganancias acumuladas que actualmente tienen las empresas americanas en el exterior. La amnistía consiste en reducir la tasa actual de 35% a 12% sobre el efectivo repatriado. El pago del 12% podrá realizarse en cuotas a lo largo de ocho años. En el caso de activos fijos como inmuebles o fábricas, el impuesto será de 5%.
En el caso de las empresas extranjeras con sucursales en los EUA, las sucursales tendrán que pagar un impuesto selectivo de 20% sobre sus remesas a sus empresas madre. La reducción del CIT a 10% sobre la repatriación de ganancias juntamente con el selectivo de 20% al envío de remesas de EUA al resto del mundo, busca que las ganancias generadas en el exterior y las ganancias obtenidas en los EUA permanezcan en los EUA propiciando nueva inversión y crecimiento económico.
Lo negativo de la propuesta es que una vez más los EUA han dejado de lado la oportunidad de introducir el IGV a su sistema tributario. La propuesta se concentra en la modificación del impuesto a la renta de personas naturales y jurídicas (PIT y CIT). Esto seguramente va a significar acalorados debates en ambas cámaras del congreso americano sobre el nivel de regresividad del sistema tributario americano.
¿Cuál será el impacto de la reforma impositiva de los EUA sobre la economía peruana? El primer hecho que se constata es que la mayoría de los países está reduciendo las tasas del impuesto a la renta a las personas jurídicas y, como vivimos en un mundo globalizado con empresas que fácilmente se desplazan de países con elevadas tasas impositivas a países que ofrezcan mejores condiciones, la reforma impositiva de los EUA obligará al resto del mundo a una convergencia internacional hacia tasas menores de impuesto a la renta empresarial. Inglaterra ya ha anunciado su intención de reducirla al 15%. El Perú no puede ser una excepción para no correr el riesgo de no atraer capital extranjero. La tendencia mundial es a reducir los impuestos directos y elevar los impuestos indirectos. El reto está en cómo hacerlo sin incrementar el déficit fiscal.
En el Gráfico 1 se muestran la evolución de los impuestos a la renta como porcentaje del PBI. Observamos que la recaudación de este impuesto ha venido cayendo sostenidamente desde el año 2013. Algo similar está sucediendo con la recaudación del IGV (ver Gráfico 2). La significativa caída de la recaudación de los dos principales impuestos de nuestro sistema tributario hace imprescindible una reforma tributaria integral.
Uno de los pilares del milagro del modelo económico peruano ha sido la reforma tributaria de los 90. La insostenible situación de la recaudación tributaria actual y la cambiante situación internacional en el tema tributario hacen que, hoy como ayer, sea imprescindible una reforma tributaria integral. El Congreso debería nombrar una comisión especial encargada de la reforma tributaria. Debería recibir una propuesta del Ejecutivo e iniciar un amplio debate sobre el futuro del sistema impositivo.
Los temas por debatir deberían incluir no solo las tasas de cada impuesto, sino la conveniencia de eliminar o potenciar los impuestos existentes. La existencia de innumerables tasas cobradas por los gobiernos locales y por las reguladoras debería ser debatido juntamente con los regímenes existentes de los impuestos nacionales y definir la coparticipación de los mismos entre el gobierno nacional y los regionales (IGV, canon, regalías, etc.). Las contribuciones a EsSalud y al sistema previsional deberían ser revisadas dentro de este marco general.
Propuestas como la de Lampadia de la utilización del IGV de las facturas para pagar las contribuciones sociales o esquemas de otorgamiento de créditos tributarios al impuesto a la renta proporcionales al pago de los aportes a EsSalud y ONP utilizados en Colombia y Jamaica deberían ser parte del debate.
El debate debería iniciarse con la definición de cuáles son los niveles adecuados de gasto de cada una de las funciones del Estado como porcentaje del PBI. A partir de esta definición se establecería la meta de recaudación como porcentaje del PBI. Luego se tendría que definir qué porcentaje de esta meta debería recaudarse con impuestos directos e indirectos tomando en cuenta las tendencias internacionales sobre el nivel de tasas de estos impuestos. En este tema es crucial tomar en cuenta la importancia de la generación de empleo formal. Elevadas tasas de impuesto a la renta no atraen inversiones y por lo tanto no generan nuevos empleos. Lo mismo sucede con elevados costos salariales que promueven la informalidad. La multiplicidad de tasas cobradas por las reguladoras y los gobiernos locales encarecen los costos de las empresas y desincentivan la creación de nuevos empleos formales. El papel del impuesto predial debe ser revaluado.
Finalmente, es necesario reformar también la administración tributaria, tanto en su organización y funciones como en los regímenes tributarios especiales que fomentan la creación de exoneraciones y promueven la informalidad.
El Gobierno ha desistido de pedir facultades especiales en materia tributaria. En buena hora. Pero eso no significa abandonar la reforma tributaria. El Ejecutivo y el Congreso deberían ponerse a trabajar juntos para la elaboración de una reforma tributaria que no solo busque equilibrar las cuentas públicas, sino que tome en cuenta las tendencias internacionales en materia tributaria y la necesidad apremiante de generar puestos de trabajo formales.
