El Perú cuenta con 69 millones de hectáreas de bosques naturales, siendo el cuarto país más grande poseedor de bosques tropicales. Cerca del 60% del territorio peruano está cubierto de bosques; el 94% ubicados en la selva. En ese paraíso terrenal moran alrededor de 2.500 especies forestales; al menos 100 árboles con diámetro por encima de 30 cm en cada hectárea.
A pesar de poseer esa tremenda riqueza, la producción forestal del Perú no significa más del 1% del PBI global; muy por debajo de Bolivia (2,7%), Chile (2,6%) y Ecuador (2,3%); países con mucho menor extensión de bosques que Perú.
El Estado ha concesionado a privados alrededor de 17 millones de hectáreas, que representan la cuarta parte del total de bosques naturales, y que son considerados como bosques de producción permanente. Sin embargo, de ese total de hectáreas concesionadas, apenas alrededor de 4 millones de hectáreas están en manos de concesiones operativas.
Otros 13 millones de hectáreas están bajo dominio de comunidades nativas que ponen a merced de privados la tala de árboles a cambio de un peaje. Sumando la superficie boscosa concesionada y la manejada por comunidades nativas, se llega a 30 millones de hectáreas que vienen siendo, supuestamente, la fuente de la mayor parte de la producción maderera del país.
Sin embargo, casi toda esa producción resulta de la tala ilegal de árboles, sin siembra de nuevos árboles, provenientes de áreas protegidas, territorios indígenas, tierras estatales y hasta de propiedad privada. Para justificar la tala ilegal, los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que son inexistentes, y las autoridades dan visto bueno a su extracción emitiendo los permisos correspondientes.
Según cifras oficiales, cada año el Perú pierde 150 mil hectáreas de bosques naturales, debido a la tala ilegal, el cultivo de la palma aceitera, la expansión de la frontera agrícola para ganadería y el cultivo de coca para el narcotráfico. Sin embargo, la degradación de zonas protegidas se ha convertido en un problema mayúsculo, puesto que mucho de los concesionarios se han convertido en agentes promotores de la tala de árboles de diámetro mayor a 30 cm, sin cumplir con sembrar nuevos árboles.
En buen romance, el negocio maderero en Perú forma parte del accionar de redes criminales dedicadas a la tala de árboles sin siembra de nuevos árboles. Nada de esto sucede sin pagos de cupos bajo la mesa a funcionarios y autoridades, asesinatos de nativos que denuncian estos hechos, y el amedrentamiento a inversores forestales que vienen apostando por un modelo de desarrollo de plantaciones agroforestales sostenibles, sustentadas en métodos de germinación orgánicos.[1]
El SERFOR —organismo supuestamente dedicado a promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales— es directo responsable de todo esto. La actual ministra del ambiente, Fabiola Muñoz, debe tener mucho que decir al respecto, dado que fue directora ejecutiva de dicho organismo antes de que el actual gobierno la pusiera el fajín de ministra.[2]
Para detener la tala ilegal y propiciar una senda de reforestación sostenible, se requiere hacer una urgente reforma del SERFOR, Agrorural, INIA, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio del Ambiente, y tener voluntad política para impulsar la transparencia y la trazabilidad del sector.
Al iniciar su gobierno, PPK anunció una meta de reforestación de 3,2 millones de hectáreas de tierras degradadas al año 2020. Meta ilusoria que es imposible de alcanzarse en ese plazo, aun si se emprendiera la reforma institucional que sugiero.
Ante todo, la primera meta debería ser reducir la tala ilegal a cero. En simultáneo, trazarse una meta razonable de alcanzar las 500 mil hectáreas reforestadas al 2020, bajo un modelo de agro-forestación productiva orgánica sostenible. Esa meta podría lograrse introduciendo el cultivo orgánico de maderas finas como caoba, cedro, palisandro, roble, palo rosa y otras de alta cotización, con una inversión de 500 millones de dólares en plantones y asistencia técnica, pudiendo obtenerse un valor exportable del orden de 35 mil millones de dólares. Con la ventaja de que esa inversión sería mayormente privada, debiendo el Estado meramente garantizar la seguridad, el acceso a terrenos degradados y deforestados y la transparencia institucional.[3]
___________________
[1] Hace pocas semanas, se supo invasiones de terrenos privados en el trayecto de Iquitos-Nauta, propiciadas supuestamente por el propio gobernador de Loreto.
[2] La EIA encontró en 2015 madera verificada como ilegal que fue exportada a 18 países desde los puertos del Callao e Iquitos, mientras que el Banco Mundial estima que entre 80% y 90% de la madera que exporta Perú es ilegal. La Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en EEUU, emitió un informe (“El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”) en el que señala que “las autoridades forestales peruanas están debilitando las herramientas e inspecciones necesarias para prevenir el comercio de madera ilegal, ante una abrumadora evidencia de que las exportaciones del Perú a EEUU, China, México y otros 15 países incluyeron altos porcentajes de madera ilegal o de alto riesgo”. Fuente: ALAI: https://www.alainet.org/es/articulo/190987
[3] Maximixe Reforest viene impulsando el desarrollo dicho modelo de agro-forestación productiva orgánica sostenible en una plantación piloto de 210 hectáreas sembradas de caoba, cedro, palo rosa, caucho, roble y palisandro, con la asistencia técnica de Lorente Reforest.
