Los ciudadanos peruanos tenemos un reto en la coyuntura actual, el cual consiste en participar activamente en la política nacional. Participación implica, primero, informarse debidamente de cada tema vigente desde diversas fuentes, contrastando opiniones, evaluándolas y formándose su propio juicio. Debatir en grupos de amigos, laborales y familiares y sacar conclusiones que les permitan fijar una posición, alejados de la manipulación psicológica impuesta por la presión mediática en redes sociales y medios de comunicación y/o a través de operadores políticos que defienden intereses de parte.
Tenemos que pensar y no asumir necesariamente como ciertas todas las informaciones que bombardean nuestro intelecto. Nuestro primer mandamiento debe ser: “pensarás”.
En este contexto, la pesca es una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común. Salvo cuando se transmiten informaciones que pretenden defender determinados intereses, es muy limitado el conocimiento del mar, ríos y lagos que se posee. Ello hace vital que se activen mecanismos individuales de consulta, comparación de informaciones y análisis de la credibilidad de las fuentes.
Si no aprendemos a desarrollar juicio propio, a expresarlo y a defender nuestras opiniones y derechos, nos estaremos adentrando cada vez más en el oscurantismo provocado por la indiferencia y pasividad ciudadana, dejando al país en manos de operadores políticos que no defienden a las mayorías y de funcionarios sin capacidad de imponer una agenda en beneficio de la ciudadanía.
Hasta ahora, nuestra ciudadanía es incompleta, parcial y fragmentada, por cuanto el ciudadano debe ser el titular de derechos políticos, además de derechos sociales y económicos. Se debe buscar el empoderamiento de ciudadanos y sus organizaciones propiciando formas de participación más innovadoras y activas. La capacidad de crítica, expresión y propuesta de la gente requiere del desarrollo de capacidades para la presentación de opciones ante las iniciativas del Estado. El ciudadano debe ir hacia el aseguramiento de las libertades públicas y la integridad, que le garanticen el derecho a comer, vestir, educarse y educar, habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.
Un ejemplo de la desinformación y falta de análisis se aprecia últimamente en los comentarios sobre el DL 1084, mal llamado ley de cuotas de anchoveta. Es evidente que el decreto legislativo y su reglamento no ha sido leído en su totalidad por muchos comentaristas, ni analizado, ni comprendido debidamente.
Si así fuese la discusión no estaría centrada en la vigencia de la norma a los diez años de publicada, porque no hay un solo párrafo que mencione esa posibilidad. Solamente la primera disposición final menciona un aporte social de US$ 1,95 para la Caja de Beneficios del Pescador (que ya no existe) por diez años, período durante el cual se congela la tasa de derechos de pesca.
Si se entendiese debidamente el tema, las opiniones deberían formarse alrededor de esta disposición final para fijar posiciones desde la perspectiva de cada ciudadano, emitir opinión mejor informada y tomar las acciones que se estimen convenientes.
