“El hombre moderno, decía James B. Conant, se ve obstaculizado en el camino a la reflexión de las ideas por la urgencia aguijoneante de los sucesos contingentes. Cosa parecida puede afirmarse, en términos generales, de las discusiones mayoritariamente superficiales acerca de la formulación de políticas de competitividad para el Perú y el continente”. Han transcurrido 13 años desde la publicación del libro “El Abrazo Invisible” de Esteban Hnyilicza cuyo primer párrafo es el texto antes mencionado. En esta entrega utilizando ideas del libro de Hnyilicza analizamos diferentes propuestas sobre la competitividad que se vienen divulgando en nuestro medio.
Las reformas que ha propuesto el Consejo Privado de Competitividad en CADE 2018 y las propuestas de competitividad anunciadas por el presidente Vizcarra son repetitivas, inmediatistas y carentes de una visión estratégica.
El vacío estratégico de las propuestas mencionadas nace de la desorientación respecto a las funciones que le corresponde desempeñar al Estado y al Mercado en la promoción de la inversión y de la actividad productiva. Esta desorientación emana de la dicotomía simplista que quiere encasillar las propuestas entre un Estado Neoclásico minimalista y un Estado Desarrollista interventor. Lo peor es que esta dicotomía simplista no se limita a las clases políticas, sino que se extiende a la academia. Como resultado de esta dicotomía hay una confusión de los roles que corresponden desempeñar al sector privado y al sector público en la promoción de la competitividad.
Para superar esta dicotomía simplista es necesario reconocer como punto de partida que no solo existen fallas de mercado, sino que existen fallas de gobierno. En este contexto, bajo una estructura institucional dada, un intento de disminuir las fallas de mercado implica aumentar el riesgo de que ocurran fallas de gobierno. Del mismo modo un intento de limitar las fallas de gobierno significa aumentar el riesgo de que ocurran fallas de mercado. En otras palabras, la estructura institucional define el “trade-off” entre las fallas del gobierno y las fallas de mercado. Un ejemplo de esta situación es cuando un gobierno impone controles para eliminar una falla de mercado, genera oportunidades de corrupción (fallas de gobierno).
¿Qué hacer entonces? La solución consiste en estudiar los diferentes “trade-offs” entre fallas de mercado y fallas de gobierno para diferentes estructuras institucionales y adoptar la estructura institucional que minimice tanto las fallas de mercado como las fallas de gobierno.
La adopción de una nueva estructura institucional equivale a una “innovación institucional” que es un cambio en la estructura de relaciones entre los agentes económicos que ocasiona una reducción tanto de las fallas del mercado como en las fallas del gobierno.
El vehículo para instrumentar las innovaciones institucionales requeridas para el desarrollo sustentado de un país es el planeamiento estratégico que permite articular la visión de futuro de un país con las acciones necesarias para lograr los objetivos en un mundo de incertidumbre.
El premio Nobel Friedrich von Hayek definía la economía como la “ciencia de adaptarse a eventos inesperados”. El planeamiento estratégico tiene sus principales raíces en la teoría de juegos bajo incertidumbre. El Dilema del Prisionero nos ilustra que la falta de un intercambio oportuno de información (falla de coordinación) entre los agentes da lugar a un resultado subóptimo. Este razonamiento permite entender como las fallas de coordinación son las causas de la trampa del ingreso medio (middle income trap) de muchos países en desarrollo.
En este contexto, las políticas para incrementar la competitividad deben estar vinculadas a la formulación de un plan estratégico nacional que defina los roles que les corresponden al sector público y privado y su estructura institucional. La política de competitividad no se puede definir con el objetivo simplista de mejorar unos puestos en el ranking de competitividad mundial, atraer inversión privada o retomar tasas de crecimiento del PBI que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Un ejemplo de esta improvisación es el referéndum convocado para el 9 de diciembre. Con el objetivo inmediatista de combatir la corrupción, se quiere modificar los procedimientos de selección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que en adelante pasará a llamarse Junta Nacional de Justicia, en el entendido de que esta nueva entidad si nombrará Jueces probos. Lo que esta decisión no toma en cuenta es que la falla de gobierno actual se da por la discrecionalidad de los jueces (los jueces en la actualidad conducen los juicios, declaran culpable o inocente al reo, y dictan su sentencia). Es decir, la estructura institucional (la discrecionalidad de los jueces) es la que causa el riesgo de la corrupción de los jueces. Quitándole la discrecionalidad a los jueces (por ejemplo, instaurando un sistema de jurados como en los EUA) se eliminaría el riesgo de corrupción de estos.
Lo mismo sucede con la reelección de congresistas o la bicameralidad. La solución planteada no va a eliminar el bajo nivel de preparación de los congresistas, por el contrario, la va a empeorar. Una mejor solución hubiese sido optar por una renovación por tercios del Congreso para que el electorado no tenga que esperar 5 años para castigar a los congresistas o partidos políticos con mal desempeño.
En el caso de las políticas de competitividad, no se toman en cuenta las ventajas comparativas del país como fuente primaria de definición de las estrategias adoptar. La ventaja competitiva no se debe confundir con la ventaja comparativa. El Perú, por ejemplo, tiene una ventaja comparativa para la actividad forestal, sin embargo, su competitividad en esta actividad es muy baja. Una verdadera política de competitividad debe tomar en cuenta como convertir las ventajas comparativas de un país en ventajas competitivas.
Otro caso es el del salario mínimo. El Perú tiene una ventaja comparativa en el mercado laboral. El ajuste del salario mínimo debe ser calculado tomando como base las empresas menos competitivas y no la competitividad de las empresas promedio como se hace en la actualidad. Al realizar el ajuste utilizando la competitividad de la empresa promedio se está castigando a las empresas por debajo del promedio que se verán forzadas a cerrar o recurrir a la informalidad.
Las entidades que han propuesto las medidas para mejorar la competitividad se jactan que las medidas fueron desarrolladas por más de 100 especialistas del sector privado, público y la academia. Esperemos que esos 100 especialistas no hayan basado sus recomendaciones en “la urgencia aguijoneante de los sucesos contingentes”.
