No es fácil digerir la “carta a mi estimado equipo”, hecha pública por el señor Dionisio Romero Paoletti, presidente del banco más grande del Perú, para justificarse por haber aportado US$ 3,65 millones a Keiko Fujimori, para apoyar su campaña electoral de 2011. Lejos de pedir disculpas a sus clientes y a los peruanos, o de al menos expresar una autocrítica o propósito de enmienda, el señor Romero hizo gala de imperio: «No nos equivocamos, lo hicimos por el Perú, pues estábamos en una situación de zozobra”.
Pero violar la ley y los principios de ética de un banquero siempre es y será un equívoco. Y es que entregar US$ 3.65 millones en efectivo, en maletines, en varias armadas, implicaría haber violado al unísono la ley electoral, la ley de lavado de activos y la ley de bancos; más allá de otras normas, códigos de ética y buenas prácticas de gobierno corporativo.
Los bancos y los banqueros están obligados a seguir buenas prácticas y códigos de ética más estrictos que en cualquier otra actividad económica. Desde que un banco trabaja con dinero del público y canaliza la mayor parte de los flujos de capitales de la economía, está obligado a aplicar controles muy estrictos.
Por delegación del Estado, todo banquero ejerce una función pública, cual es detectar operaciones sospechosas de lavado de activos. Por ello la ética de un banquero no puede ser la de cualquier hijo de vecino. Eso lo sabe muy bien la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que suele ser tan estricta con el perfil de quienes conforman los directorios de la mayoría de entidades financieras.
Este caso será indudablemente una prueba de fuego para la SBS. Pues, el señor Romero no sólo habría violado la ley electoral al dar un aporte que excedía largamente el límite legal vigente en 2011, sino que se habría violentado la ley de lavado de activos al eludir todos los protocolos de prevención anti-lavado de cumplimiento obligatorio para toda entidad del sistema financiero. También se habría saltado a la garrocha la ley de bancos y la normativa de la SBS, al disponer de un dinero en efectivo, sin haber seguido procedimientos internos rigorosos, incluyendo la posible aprobación del directorio o al menos del comité de gerencia.
Si bien aparentemente el aporte se hizo aplicando transferencias de una cuenta del banco Atlantic Security, localizado en Islas Gran Cayman, lo cierto es que los montos transferidos no tuvieron como destino final una cuenta de Fuerza Popular o de alguna persona de dicho partido, sino una cuenta del propio Banco de Crédito.
Se trata además de plata no declarada ni registrada contablemente como aporte a una campaña electoral, entregada en maletines a la mano de una candidata presidencial, habiendo adelantado montos con anterioridad a las operaciones realizadas con el Atlantic Security.
El bache más notorio es la aparente desconexión entre los retiros hechos de una cuenta del Atlantic Security y las entregas en dólares en efectivo a Keiko Fujimori. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá que rastrear la trazabilidad no sólo de dichos retiros, sino también de la entrega final en dólares contantes y sonantes, cuya proveniencia puede ser completamente distinta.
¿El BCP informó oportunamente de esta entrega a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportándola como operación sospechosa? Porque de hecho se trata de una operación sospechosa, tanto por el abultado monto, como por la forma de entrega. ¿Habría más casos de transferencias en efectivo realizadas por el BCP, no informadas oportunamente a la UIF?
Según Ojo-Público, existen lamentables antecedentes de operaciones de blanqueo de dinero que han pasado por bancos peruanos (especialmente los más grandes) que involucran la exportación de dólares físicos a Estados Unidos a fin de canjearlos por dinero electrónico.
El número total de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero (ROS) recibidos por la UIF ha venido creciendo a un ritmo promedio anual de 30% en los últimos cinco años, pero puede haber muchas más operaciones sospechosas que no vendrían siendo reportadas por los bancos, reflejándose en una existencia excesiva de dólares en billetes.[1]
El gobierno de Estados Unidos y diversas entidades reguladoras europeas han aplicado millonarias sanciones a bancos por coludirse con grupos criminales, lavar dinero y violar prácticas anti-lavado.[2] Si bien la SBS aplica normas para castigar irregularidades en la prevención de blanqueo de dinero, hasta ahora ha sido muy benévola, puesto que su sanción más elevada no pasa de 100 UITS (S/415 mil ó US$130 mil).
Ante tan delicado escenario, por el bien del BCP y del sistema financiero peruano, bien haría el señor Romero en atender la sugerencia que le hiciera la presidenta de la Confiep, María Isabel León, durante el CADE. Dar un paso al costado cuando la situación lo amerita no es síntoma de debilidad, sino de hidalguía y compromiso. EL BCP, con un liderazgo renovado y un discurso menos omnipotente podrá afrontar mejor los retos del futuro.
[1] Ojo Público: “Documentos secretos filtrados a Ojo-Publico.com revelan que más de US$ 2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero del Perú a través de clientes sospechosos por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción”. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2016 también advirtió sobre la penetración de dinero sucio en la banca peruana.
[2] Desde el Bank of Credit and Commerce International (BCCI) en los ‘80, pasando por el escándalo del 2008 que involucró al HSBC por blanquear dinero de cárteles mexicanos, hasta el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Meinl Bank, usados por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica.
