Cuando se habla de permitir la participación del sector privado (Asociaciones Público-Privadas – APP) en proyectos de infraestructura o servicios públicos generalmente se justifica afirmando que el Estado debe orientar sus escasos recursos de hoy para invertirlos en proyectos que generen mayor rentabilidad social, dando a entender que los proyectos APP serian los de menos rentabilidad social. Lo cual no es cierto, porque éstos últimos también pueden generar una rentabilidad social incluso en algunos casos más alta que la de un proyecto desarrollado como obra pública.
La realidad es que un Estado debe cumplir con una disciplina fiscal (Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal) y que las necesidades de recursos públicos para atender los servicios públicos siempre serán escasos.
No obstante, lo cierto es que, un proyecto, ya sea que fuese financiado con recursos públicos de hoy o pagados a lo largo del proyecto (cofinanciado), o fuesen pagados directamente por los usuarios del servicio que brinda el proyecto (la carretera, el puente, el hospital o la logística de medicamentos), siempre termina siendo en uno u otro caso de cargo de los contribuyentes de un país.
Lo único que diferencia una u otra forma de financiamiento de un proyecto es que, cuando el proyecto es financiado con recursos públicos, son todos los contribuyentes del país los que lo financian; sin embargo, cuando es el usuario quien financia directamente el proyecto del cual se sirve (infraestructura o servicio público), la carga de financiar el proyecto sólo recae en los que van a utilizar el mismo.
Por ejemplo, en Lima, todos los usuarios de las redes de alcantarillado que administra Sedapal pagan actualmente el financiamiento de las PTAR la Chira y la Taboada a través de una contribución adicional en su factura mensual.
También, en carreteras entregadas en concesión bajo APP autofinanciables, como la autopista del sol, donde es el usuario quien financia dicha infraestructura. El pago de la tarifa se sustenta en el ahorro en costo y tiempo de viaje, que son garantizados con el cumplimiento de estándares de servicio de la infraestructura desarrollada. No obstante, se entiende que, bajo la modalidad de APP, es el concesionario (sector privado) quien, en primer lugar, se financia en el mercado de capitales, para luego pagar dicho financiamiento con el cobro de las tarifas.
Lo cierto es que, los proyectos que no pueden ser “apepiables” (ser desarrollados bajo APP) son los que no permiten que el sector privado pueda cerrar su flujo de caja del proyecto con la restricción de recuperar su inversión y obtener una rentabilidad aceptable por el riesgo de negocio asumido en un plazo de no más de 25 años y devolviendo el financiamiento captado en el mercado de capitales en no mas de 15 años.
Pero, dichas restricciones financieras son difíciles de superar justamente en un proyecto (como hospitales, colegios, entre otros similares) donde los flujos de caja generados por el proyecto superan los 25 años, con lo cual si quiere desarrollarse como APP debe ser financiado por el Estado (cofinanciado), entrando el Estado a financiar la parte del flujo que el sector privado no estará en condiciones de aceptar. Lo cierto es que en los proyectos de este tipo los flujos de beneficios son también de periodos igualmente largos, haciéndolos poco atractivos para el sector privado y para las fuentes de financiamiento.
Pese a ello, hoy en día es factible que proyectos no “apepiables” en el escritorio pueden ser reconvertidos en “apepiables” al buscar innovar en la estructuración financiera de los mismos buscando apalancar activos (derechos económicos o intangibles no monetizables) de los mismos, sin que ello implique cofinanciamiento – in cash, lo cual todavía no ha empezado a utilizarse en la estructuración financiera tradicional que se viene aplicando.
Lograr dicho cometido, contribuirá a atraer al sector privado un mayor número de proyectos no “apepiables” y así adelantar benecitos sociales en varias décadas, para incrementar el bienestar social de la población peruana (entiéndase, cerrar brechas de infraestructura e incrementar la productividad).
