Los peruanos de a pie hace rato que se hicieron esa pregunta: ¿Qué es mejor, morirse de Covid o de hambre? Y su respuesta la han dado en las calles, desacatando la cuarentena para buscarse el sustento y alimentar a su familia. La baja efectividad que han tenido la política sanitaria anti Covid-19 y la política de ayuda económica a las familias y empresas más vulnerables, viene generando la peor recesión económica vivida desde el primer gobierno de Alan García, así como el mayor ‘desborde popular’ de la historia, parafraseando a nuestro extinto insigne antropólogo José Matos Mar.
Más allá de la magnitud de los recursos dedicados a combatir la secuela sanitaria y económica del Covid-19, que en Perú son cuantiosos, importa el nivel de efectividad de ambas políticas. A menor efectividad de la política sanitaria, no sólo aumenta el contagio y la letalidad del virus. Al tener que alargarse la reclusión social, la parálisis económica se extiende por más tiempo, generando un riesgo creciente de que surjan daños estructurales, difíciles de revertir a corto plazo, como son la ruptura de la cadena de pagos, el despido masivo de trabajadores de las empresas y el cierre o quiebra de empresas.
Del mismo modo, a menor efectividad de la política económica orientada a mitigar los impactos en las familias y empresas más vulnerables, el impacto de la política sanitaria no se puede amortiguar, por lo cual la caída del PBI se vuelve estrepitosa.
Las más recientes estimaciones de MAXIMIXE arrojan que en marzo, abril y mayo el PBI habría caído 39,4%, generando pérdidas por más de S/ 45,5 mil millones para la economía en su conjunto, siendo los sectores más afectados los servicios (S/ 16,3 mil millones), la minería e hidrocarburos (S/ 9,1 mil millones) y la manufactura (S/ 8,2 mil millones) y el comercio (S/ 6,4 mil millones).
Es así que, en el escenario más probable, MAXIMIXE estima que en 2020 la economía decrecería 11,8%, asumiendo que entre junio y diciembre el PBI reduzca su ritmo de caída a -4,6%, lo cual dependerá de la progresividad con la que las empresas puedan cumplir sus protocolos sanitarios. Ya es muy remoto aspirar a terminar el año con un crecimiento de 0%, porque implicaría tener que crecer a un ritmo de 15,2% entre junio y diciembre, repunte imposible con tantas empresas sumergidas en deudas y cobranzas impagas.
Entre marzo y lo que va de mayo no se ha logrado aplanar la curva de contagio ni mitigar el impacto de la cuarentena en la actividad económica. Dado que ni el bono ni la canasta de alimentos distribuidos por el gobierno llegaron a la población que debió llegar, ésta que mayormente es informal, en la práctica ya abandonó la cuarentena para evitar morirse de hambre.
De otro lado, dado que la millonaria liquidez de disponibilidad inmediata (S/ 30 mil millones de Reactiva Perú y S/ 4 mil millones del FAE) ofrecida por el gobierno nunca llegó a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables, la cadena de pagos ya se rompió y el desempleo es rampante.
El gobierno dice que esta semana sí llegará, pero la mayoría de empresas que no forman parte de los grandes grupos económicos hasta ahora no reciben respuesta de los bancos a sus solicitudes de financiamiento.
A todas luces la liquidez de disponibilidad inmediata ofrecida dejó de ser inmediata, al menos para las micro, pequeñas y medianas empresas y, al dejar de serlo, ya generó un impacto estructural que será difícil revertir. Sin embargo, esos recursos sí servirán para limpiar la cartera crediticia de los grandes bancos, que son los que han capturado la mayor parte de los fondos subastados por el Banco Central de Reserva.
Las entidades especializadas en microfinanzas y financiamiento a emprendedores han tenido un acceso marginal a los recursos subastados, dado que no están en capacidad de ofrecer tasas tan bajas como las de los grandes bancos, porque su esquema de negocios es más costoso. Para colmo, entidades como las Edpymes, que no captan ahorros del público, han sido excluidas de la subasta de fondos, exponiéndolas a perder su cartera de clientes o dejarlos a éstos sin acceso a la ayuda estatal.
El gobierno está en una encrucijada que no termina de resolver. Busca mantener la cuarentena indiscriminada y al mismo tiempo permitir que las actividades económicas se normalicen progresivamente.
El riesgo ahora es que los protocolos sean tan exigentes que sólo puedan ser cumplidos por algunas grandes empresas, lo que retardaría enormemente el proceso de normalización económica. Definitivamente, el gobierno debería contemplar protocolos diferenciados por tamaño de empresas.
Definitivamente la cuarentena indiscriminada no puede ser eterna. Sobre todo, en un país tan informal y con tanta desigualdad como el Perú, donde la economía termina mandando a la salud.
Para la mayoría de la población peruana el episodio del Covid-19 se vive sintiendo que el riesgo de morirse de hambre es mucho mayor que el riesgo de morir contagiado de Covid-19, mientras que para la minoría es un episodio que da oportunidad para unas lindas vacaciones en los balnearios de Asia y hasta para ordenar por Zoom suspensiones perfectas del personal de sus grandes empresas. Felizmente no todos son así, pero así pinta mayormente la realidad de nuestro triste Perú.
