Las estadísticas oficiales divulgadas por el INEI esta semana han sido peores que las esperadas por los analistas. El PBI cayó 40.5% en el mes de mayo y el empleo en el área de Lima Metropolitana disminuyó en 2 millones 318 mil personas durante el trimestre marzo-abril-mayo del presente año. El BCRP revisó sus proyecciones de crecimiento del PBI para el 2020 de 3.8% para -12.5%. “Luego de haber sufrido el alto en la actividad por efectos de la pandemia, nos enfrentaríamos ahora a las medidas de prohibición de pagos de deudas que traerían consigo la dinámica de la depresión económica, quiebras empresariales y crisis en las entidades financieras”, sostuvo el presidente del BCRP en una carta enviada a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.
La aprobación de la gestión del presidente de la República, Martín Vizcarra, cayó 10 puntos porcentuales en medio del estado de emergencia nacional por la Covid-19, según la última encuesta nacional urbana de Ipsos Perú. Según la misma encuesta, reactivar la economía y el empleo son los mayores retos del Gobierno para el 68% de los encuestados. Como reacción a estas alarmantes cifras, el gobierno en forma apresurada anunció la puesta en marcha del programa Arranca Perú que busca impulsar la reanudación de actividades económicas del país a través de sectores estratégicos que permitirán crear más de un millón de empleos a nivel nacional. Se trata de una serie de inversiones en el país que se aplicarán desde el segundo semestre del año y que serán aprobadas esta semana en el Consejo de Ministros.
El programa Arranca Perú está dirigido a cuatro sectores clave: Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Agricultura y el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo. Para ello se invertirán alrededor de S/ 6,436 millones en proyectos de inversión pública para el segundo semestre del año.
Por lo que se sabe del programa Arranca Perú, es una simple colección de las obras de otros programas que se ha ensamblado a la ligera sin ningún tipo de planificación. Las responsabilidades estarán compartidas por una serie de autoridades de todo nivel (gobierno central, mi vivienda, alcaldes, gobernadores, ministerios, etc.) lo que implica una carencia de liderazgo y estructuración del programa. Por su falta de planificación y estructuración, el programa Arranca Perú va en camino a ser un desastre como lo ha sido la Reconstrucción con Cambios.
Un botadero de plata que será utilizado por los gobiernos locales para crear trabajo temporal en actividades poco productivas con fines electorales. Y lo peor es que este tipo de programas no nos sacará de la depresión económica a la que vamos encaminados por las continuas medidas populistas del Congreso y el Ejecutivo.
¿Existe una alternativa al programa Arranca Perú? Si existe. Basta hurgar en el pasado para saber que se hizo en circunstancias similares cuando países tuvieron que enfrentar una depresión económica. Lo que se tiene que hacer es lo que hizo Roosevelt con su programa Civil Conservation Corps durante el New Deal. Un programa estructurado con ayuda de las fuerzas armadas y apoyo de las universidades, Defensa Civil y el sector privado. Una gran parte de las constructoras se encuentran impedidas de contratar con el estado y por lo tanto no están en condiciones de movilizar la capacidad necesaria para una obra de gran envergadura. En este momento los militares son los únicos que tiene la capacidad organizacional para estructurar un ejército de empleados de 2 millones de personas en el corto plazo.
La Agencia Civil de Empleo para la Reactivación (ACER), se tiene que organizar tipo servicio militar por 4 años como se hizo en el New Deal. Las personas en forma voluntaria (de preferencia jóvenes entre 18 y 25) se presentan en su distrito en el que viven y el ejército los organiza como si fuera un servicio militar voluntario. Los ubica en un cuartel habilitado especialmente para este fin. Si no hay cuartel en el distrito, se hace un cuartel provisional.
Los distintos cuerpos de las fuerzas armadas cubren la logística necesaria proporcionando uniformes, comida y lugar donde pernoctar. Reciben un salario mínimo mensual con sus beneficios sociales (EsSalud y previsión social ONP), es decir, son empleos formales con un régimen laboral especial. Si son universitarios se paga dos salarios mínimos. La duración del contrato de trabajo seria 2 años renovables.
ACER se estructuraría como una corporación independiente con directorio formado por miembros de las Fuerzas Armadas, Sector Privado, Universidades, Defensa Civil, y Gobiernos Locales. Tendría dos áreas de actuación: (i) ámbito rural; y (ii) ámbito urbano.
En el ámbito rural, las fuerzas armadas utilizan esta fuerza laboral para hacer contratos con comunidades, gobiernos locales o propietarios para realizar obras de reforestación, construcción de reservorios y canales, siembra y cosecha de agua, riego tecnificado, etc. En el ámbito urbano, se realizarían contratos tipo Mi Vivienda para reconstrucción de viviendas precarias. Los dos millones de personas serian incorporadas progresivamente, la idea es tener un cuartel en cada distrito. (mil cuarteles de dos mil personas cada uno) tomando en cuenta la capacidad logística de las fuerzas armadas.
Con una estructura organizacional como la de ACER, se evitarían los interminables procesos de contratación y ejecución de los proyectos y la corrupción asociada a ellos. Los empleados voluntarios vivirían en los cuarteles del ejército para asegurar su sanidad y contagio contra el Covid. Tendrían salidas programas de visita a sus casas cada 3 meses. Su estadía en los cuarteles serviría para entrenarlos en diferentes profesiones y para educarlos e inculcarles disciplina para asegurar su incorporación al mercado laboral formal al término de su contrato.
¿Qué se requiere para poner en marcha ACER? Una ley del Congreso que autorice la creación de la agencia civil ACER con su régimen laboral especial. Una reasignación presupuestal de diferentes ministerios encargados de programas similares para financiar las actividades logísticas de las fuerzas armadas para el mantenimiento de los cuarteles, maquinaria necesaria para el desempeño de sus funciones y de la fuerza laboral de voluntarios. Los salarios de los empleados incorporados saldrían del financiamiento de las obras a ejecutar que serían otorgados como préstamos a los beneficiarios (propietarios de las tierras beneficiadas y lotes precarios a ser reconstruidos).
Estos préstamos se otorgarían siguiendo esquemas similares a los de Mi Vivienda, con plazos de 30 años y con tasas de interés muy bajas. El Congreso y el ejecutivo tienen la palabra.
