En el libro “Ideas para reconstruir la Institucionalidad del País”, publicado en junio del 2018, se propone la creación del Poder del Ciudadano para controlar a la clase política que hoy se encuentra desacreditada. Cada vez se hace más evidente la necesidad de llevar a cabo reformas profundas tanto en el Poder Ejecutivo conformado por el Gobierno Central, gobiernos regionales y locales, así como en el Poder Legislativo y en el Sistema Judicial.
El Congreso, elegido por un período de quince meses a fin de completar el período de gobierno del 2016 al 2021, ha aprobado una Ley que prohíbe el cobro de peajes durante el período de la emergencia a empresas privadas que han suscritos contratos con el Estado. Esto constituye una modificación unilateral de contratos – violando el artículo 62° de la Constitución que expresamente prohíbe modificar contratos -, lo cual contribuirá, con toda seguridad, a que el país pierda credibilidad a nivel internacional. La interpretación de lo aprobado es que no respetar contratos suscritos es una potestad del pueblo, y que los congresistas deben representar esta demanda.
Si bien es cierto que los actos de corrupción presentes en las licitaciones, que se encuentran en procesos penales, deben ser sancionados severamente, esto no significa que se debe aprobar la mencionada Ley, porque el daño de que el Estado desconozca unilateralmente obligaciones contractuales es mucho mayor.
Ante la antes mencionada Ley aprobada suspendiendo el cobro de peajes y otros proyectos que se presentan y aprueban sin debate en comisiones, el Ejecutivo acostumbrado a confrontar al Congreso frontalmente, esta vez solo reacciona tímidamente sobre dicha Ley. Si bien ha iniciado el trámite de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, este proceso tomará meses o más de un año, lo cual da a entender que lo aprobado por el Congreso no es muy grave.
Por otro lado, el orden institucional ha diseñado a los organismos reguladores como entes independientes que opinan en forma técnica sobre los contratos y sus adendas para reducir la discrecionalidad del Concedente (Estado). OSITRAN opinó que la Ley es inconstitucional.
Independientemente del error cometido y las disculpas aceptadas por la Cancillería, el reclamo de cuatro países formalizado mediante una carta dirigida al presidente del Congreso por esta inconstitucional Ley es una clara advertencia de las consecuencias de su accionar. El Perú está perdiendo su credibilidad internacional, ahuyentando a inversionistas, algo que hoy más que nunca se requiere. Además, existe el riesgo de tener que pagar daños por perjuicios económicos, retrasos de las inversiones comprometidas y el riesgo país se incrementará sustancialmente.
Asimismo, se ha presentado un proyecto de Ley para derogar la Constitución vigente y restituir la vigencia de la Constitución de 1979, lo que muestra una clara intención de quebrantar el orden jurídico, con una actitud de imposición sin base jurídica. Existe ignorancia legal, ineptitud e irresponsabilidad en los congresistas que han presentado el proyecto.
Al respecto, durante la vigencia de la Constitución del 79, la gestión pública tuvo nefastas consecuencias económicas y de seguridad para el País. Por ejemplo, se tuvo que crear una nueva moneda, el inti que fue equivalente a mil soles de oro (de 1985). En los siguiente seis años, un millón de intis pasaron a equivaler a un nuevo sol. De modo que, en 1991, un nuevo sol equivalía a mil millones de soles de oro del año 1985.
Para refrescar la memoria y para que las nuevas generaciones conozcan la historia, recuerdo las declaraciones del ex primer ministro Hurtado Miller: “que Dios nos ayude”, al anunciar el alza de precios para el día siguiente. Los siguientes productos que son ejemplo de la hiper inflación:
- Lata de leche evaporada pasó de costar 120 mil intis a 330 mil intis
- Kilo de azúcar blanca se elevó de 150 mil intis a 300 mil intis
- Un pan francés, de 9 mil intis a 25 mil intis.
La elección del Congreso actual costó una suma del orden de cuatrocientos millones de soles. Esto ocurrió tras haberse cerrado el Congreso anterior a través de una interpretación fáctica del Ejecutivo validada por el Tribunal Constitucional por cuatro votos contra tres. El Ejecutivo propició la no reelección inmediata de congresistas que fue apoyada por un referéndum y hoy estamos pagando las consecuencias con gente inexperta y sin responsabilidad.
Por ello, la actuación del Congreso reafirma la necesidad de crear el Poder del Ciudadano, ente propuesto en el citado libro para mejorar sustancialmente la calidad de la gestión de este Poder del Estado y controlar a la clase política, que ha demostrado corrupción, ineptitud e irresponsabilidad para gobernar. Se detallan mayores atribuciones a la propuesta de este Poder, en atención a los nuevos hechos que están ocurriendo.
Las principales funciones de su competencia deben ser:
- Retorno a la bicameralidad.
- Disponer los requisitos para los candidatos a ser elegidos por el voto popular, como son la presidencia y vicepresidencias, congresistas, gobernadores y alcaldes.
- Obligar a los partidos políticos y movimientos regionales y locales a designar candidatos por procesos meritocráticos sin discriminación de género. Ello implica no al voto preferencial ni la alternancia de género.
- Volver a la reelección inmediata de congresistas.
- Evaluar a los precandidatos para su presentación previa a elecciones.
- Administrar los procesos electorales a través de la ONPE.
- Fijar las remuneraciones y beneficios de las autoridades elegidas por el voto popular.
- Supervisar y sancionar las conductas no éticas de las autoridades elegidas por el voto popular.
- Designar al Contralor de la República.
- Levantamiento de la impunidad parlamentaria.
La conformación del Poder del Ciudadano se encuentra en el libro y en el artículo “El Poder del Ciudadano” en https://bit.ly/2OFopO1. Asimismo, se muestra la misión del Estado, y el esquema de los poderes del Estado.
MISIÓN DEL ESTADO
Crear las condiciones para que cada persona disponga de buenos servicios de educación y de salud para desarrollarse por sí mismo; fomentando un ambiente atractivo para generar oportunidades para todos sin discriminación alguna, en un clima de paz y de seguridad, de respeto mutuo, preservando el medio ambiente, asistiendo a las poblaciones vulnerables y administrando un sistema de justicia predecible y oportuna.
