Las comisiones Agraria y de Economía han consensuado un proyecto de ley para modificar la Ley de Promoción Agraria, a la luz de las protestas por mejores condiciones laborales. De esta manera, se plantea la derogación del régimen agrario que fue establecido en el año 2000, bajo la Ley 27360 y que fue extendido y que fue ampliado en el 2019 por Martín Vizcarra, con el DU 043-2019. En ese sentido se tiene el texto sustitutorio se modifica y se prohíbe que los empleadores de la actividad agraria de la Ley 27360 a contratar a los trabajadores a través de la intermediación laboral. Los empleadores deberán contratar directamente al personal que realiza las actividades, quedando exceptuados los supuestos de ocasionalidad o suplencia previsto en la ley 27626. En el caso de la remuneración, este seguirá el procedimiento del régimen general; es decir, se modifica el pago del tratamiento remunerativo de las gratificaciones legales y la CTS para pasar a la fórmula laboral de la Ley de Régimen General de la Actividad Privada. En la misma norma queda ajustado el pago de utilidades se rige por la ley de la actividad privada. El proyecto detalla que las empresas agroexportadoras deben garantizar las condiciones dignas en los trabajadores, en los que abarca el traslado, la alimentación y lugar de disfrute, así como la implementación de salud e higiene adecuada. De la misma forma, define a la actividad agraria como trabajo de riesgo por lo que se exige la aplicación del seguro complementario de trabajo de riesgo, SCTR. Finalmente, se incorpora que Sunafil supervise el cumplimiento las condiciones de trabajo.