El 2020 ha sido el año de la tormenta perfecta para el Perú. Hemos sufrido, simultáneamente, las peores crisis de los últimos 100 años en los campos de la salud pública, la economía y la política. Es verdad que pocos países se han escapado de los efectos de la pandemia Covid-19, pero, sin lugar a duda, el Perú ha sido el país más golpeado por ella. Lamentablemente, en nuestro caso la severidad de la crisis ha sido consecuencia, en gran medida, de la ineptitud de nuestras autoridades. Pero, lo peor de todo, es que esa ineptitud nos ha llevado a una situación desde la cual no podemos avizorar una clara salida, sino, por el contrario, corremos un alto riesgo de que la situación se agrave durante el 2021.
En el campo de la salud corremos el riesgo de una segunda ola y aun no se concreta la adquisición de las vacunas, lo cual nos lleva a un escenario de más contagios y más fallecidos por COVID 19, así como nuevos episodios de cuarentenas y restricciones a las actividades económicas y al turismo internacional. Los hoteles, restaurantes, espectáculos, peluquerías, así como los servicios de transporte y otros servicios afines continuarán deprimidos, contribuyendo a mantener altos los niveles de desempleo y al incremento de la informalidad. Salvo el uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos el gobierno no tiene una estrategia de control de la pandemia.
En el campo político, la situación esta fuera de control. Se ha perdido el sentido de la autoridad y el respeto a la Constitución. Los bloqueos de carreteras y las respuestas populistas ante estos, como son los controles de precios (salarios y tasas de interés), expresamente prohibidos por la Constitución, se ha convertido en la norma. Los encargados de mantener el orden público son sancionados y los violentistas son premiados. No ha sido necesario cambiar la Constitución para destruir el modelo económico consagrado en ella. En plena campaña electoral con más de 20 candidatos en carrera, el populismo de derecha e izquierda campea y no augura un panorama alentador para el 2021. La reciente rebaja de nuestra calificación crediticia a nivel internacional es una prueba de ello.
En el campo económico, a pesar de los denodados esfuerzos por parte del Banco Central y el MEF, la reactivación se ha estancado. El indicador que más se ha usado para ilustrar la reactivación económica ha sido el de la demanda de electricidad elaborado por el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado (COES). En el Gráfico 1 se muestra el crecimiento anual de este indicador y claramente se observa que se ha estancado desde el mes de octubre.
El panorama económico es desolador. El desempleo abierto, que mide el porcentaje de trabajadores formales e informales que no consiguen trabajo, se ha elevado, en Lima Metropolitana, de 5% antes de la pandemia a 15% en el mes de noviembre y no muestra indicios de mejora. La substancial pérdida de trabajos formales se ha traducido en un incremento de la informalidad y, consecuentemente, en una reducción del ingreso promedio de los trabajadores. El efecto combinado de mayor desempleo y menor ingreso promedio ha generado una caída significativa de la masa salarial (principal componente del consumo), cuyo nivel en noviembre de 2020 fue 30% menor al nivel del mismo mes del año anterior.
El PBI debe cerrar el 2020 con una caída entre el 12 y 12.5%, inferior a la caída de 13.5% inicialmente proyectada, debido al impacto positivo de los programas Reactiva y el otorgamiento de bonos y subsidios por parte del gobierno. Por el lado de la demanda, las exportaciones e importaciones, en valores constantes, siguen estancadas en niveles inferiores a los de la pre-pandemia. En el mes de noviembre de 2020 las exportaciones de bienes cayeron 10.9% respecto a similar mes de 2019. Por su parte las importaciones de bienes crecieron 2.1% en similar periodo, generando el primer déficit comercial en el año. Por su parte las exportaciones e importaciones de servicios continúan paralizadas, así como la inversión privada. La inversión pública muestra signos de recuperación en el segundo semestre, pero esta recuperación no impedirá que la inversión pública caiga más de 15% en todo el 2020.
Como consecuencia de la incertidumbre política, la reducción de la calificación crediticia y la abundancia de liquidez en la economía (el circulante ha crecido más de 30% en términos anuales lo que es un síntoma de la creciente informalidad), el tipo de cambio continúa depreciándose y nuestra moneda ha cerrado el año a un nivel 8% menor al nivel pre-pandemia. Por su parte la morosidad bancaria continúa incrementándose y en el mes de noviembre ya supera el 3.7% de los créditos directos.
Las acciones de nuestras autoridades para mitigar la crisis económica han generado un deterioro de las cuentas fiscales no vistas desde la época del primer gobierno de Alan García. En el Cuadro 1 se ilustra la gravedad de este deterioro. Los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) han caído 17.2% con relación al 2019, es decir se han dejado de recaudar más de 26,000 millones de soles. Y la situación para el 2021 no es promisoria. La regularización del impuesto a la renta para el próximo abril será muy baja, debido a los pobres resultados que tendrán las empresas en 2020.
Por el lado de los gastos, sin contar el pago de intereses, los gastos no financieros aumentaron 13.2% en 2020. Pero este aumento se ha concentrado en gastos corrientes que crecieron 19.3% mientras que los gastos en capital cayeron 12.2%. Los gastos corrientes aumentaron en 23,000 millones de soles. Una gran parte de este gasto fue destinado a los bonos y subsidios entregados a la población de menos recursos. Los pagos de intereses de la deuda aumentaron en 12.9% como consecuencia del aumento de la deuda pública y deben continuar aumentando en el 2021 al ritmo del crecimiento de la deuda. Este aumento le resta espacio fiscal al gobierno para orientar recursos hacia la inversión pública.
¿Qué nos espera para el 2021? Conforme se agoten los efectos de los programas Reactiva Perú y la entrega de bonos y subsidios, el poder adquisitivo de la mayoría de la población se reducirá drásticamente. Se estima que el impacto de suspender la entrega de bonos a la población oscila entre 3 y 4% del consumo privado, lo cual se traducirá en una reducción de la demanda agregada de similares proporciones y en la inhabilidad de las empresas para cumplir sus obligaciones financieras contraídas con el programa Reactiva.
Las tasas de crecimiento de dos dígitos proyectadas por las autoridades para el 2021, son una ilusión porque no contemplan la caída de la demanda como resultado de los aun altos niveles de desempleo abierto y mayor informalidad en el mercado laboral. Para lograr esos niveles de crecimiento sería necesario repetir en el 2021 la entrega de bonos y subsidios por parte del gobierno y nuevos programas Reactiva, lo cual no será sostenible porque llevaría al colapso de las cuentas fiscales, a un aumento exponencial de la deuda pública y a la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo país.
¿Existe alguna alternativa? Si existe. Se requiere cambiar de estrategia en el gasto público. Hay que reestructurar el presupuesto público, evitando el gasto corriente superfluo y la entrega de bonos y sustituyendo las inversiones en grandes obras de infraestructura, que no generan significativo empleo en el corto plazo, por inversiones en obras productivas que generen empleo en cantidades significativas y mayor producción en el corto plazo. La masificación de Sierra Productiva es un buen ejemplo de ello. Las autoridades tienen la palabra.
