Este 6 de junio un cuantioso voto indeciso y blando movedizo decidirá quién será el nuevo presidente del Perú. Por el lado de la candidatura de Pedro Castillo, la resistencia del votante obedece a que carga con el pasivo de corrupción y dogmatismo marxista leninista de Vladimir Cerrón, así como también a su carencia de un plan y un equipo de gobierno sólidos.
Mientras por el lado de Keiko Fujimori, la resistencia del votante responde a que carga con el pasivo de la enorme corrupción y demolición de las instituciones democráticas durante la dictadura fuji-montesinista, además de cargar con su propia mochila de manejo obstruccionista del Congreso y de acusaciones de lavado de dinero proveniente de Odebrecht y otros grupos económicos.
Ambos candidatos no la tienen fácil para convencer a ese electorado indeciso, fluctuante y dispuesto en última instancia a votar blanco o viciado. Digan lo que les digan en sus discursos ese segmento electoral no les cree.
En el caso de Castillo, a estas alturas la campaña de ‘terruqueo’ ya no juega en su contra, como sí lo juega su ambigüedad en materia económica y la falta de un distanciamiento tajante con Cerrón y la tremenda incertidumbre que representa para una población que quiere cambios, pero que mayoritariamente rechaza el comunismo o socialismo al estilo Venezuela o Cuba.
Por su parte, a Keiko lo que más la afecta es representar la mantención del estatu quo, refrendado por un equipo de gobierno reconocido como maquinaria de demolición democrática. Cambiar de caras a pocos días de la elección no termina de convencer.
De ahí que desde la sociedad civil se les venga exigiendo a ambos candidatos que firmen un compromiso público que garantice un mínimo de gobernabilidad del país. Está claro que la firma de este compromiso no garantiza que uno u otro candidato, una vez en el poder, pueda tratar de desconocerlo. Sin embargo, aun en ese extremo, tendría un valor importante como fuente de legitimidad política y su eventual incumplimiento implicaría perder esa legitimidad, lo que dejaría a la ciudadanía en plena aptitud para ejercer su derecho a la insurgencia.
Así, el colectivo Reverdeser ha planteado que firmen el “Pacto de Gobernabilidad Bicentenario” que sería una especie de juramento que los obligue a respetar “Diez Mandamientos de Gobernabilidad”.
El primer mandamiento implica el respeto irrestricto al orden democrático, la autonomía de los poderes del Estado y el equilibrio entre ellos, obligándose a mantener la paz social y el orden público.
El segundo mandamiento exige dar prioridad a resolver la crisis sanitaria, la hambruna y el desempleo, asegurando una recuperación económica transformadora y resiliente de las empresas y hogares peruanos. Lo que implica excluir de la agenda del país la convocatoria a un referéndum que establezca una asamblea constituyente, hasta que se haya superado la situación de emergencia.
El tercer mandamiento obliga a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, así como la vigencia y perfeccionamiento de los tratados internacionales y del régimen de economía social de mercado. Bien se sabe que este régimen no viene rigiendo, dado que en la práctica se ha impuesto un régimen económico mercantilista caracterizado por la captura del Estado por parte de mafias y grupos de interés monopolista y rentista.
El cuarto mandamiento compromete a no engrosar la burocracia del Estado con clientelismo partidario, permitiendo que se fortalezca la carrera pública meritocrática y la designación de personas de elevada idoneidad técnica en los directorios de organismos del Estado, proscribiendo las designaciones por reparto de cuotas de personas vinculadas a los partidos representados en el Congreso.
El quinto mandamiento establece el compromiso de evitar usar la prerrogativa del indulto presidencial de manera arbitraria, para favorecer a personas sentenciadas por crímenes y cuya libertad genere aún más conflictos sociales. Además, sella un compromiso solemne de culminar su mandato el 28 de julio de 2026 y a no atornillarse en el poder a través de una reelección presidencial.
El sexto mandamiento compromete a no interferir en la función de la Fiscalía de la Nación para generar impunidad, ni a utilizar el poder del Ejecutivo o de las respectivas bancadas dentro del Congreso para generar impunidad e interferir en procesos judiciales pendientes.
El séptimo mandamiento pone un candado a la posibilidad de disolver el Congreso de la República, así como a los procesos de “vacancia express” del presidente de la república y su plancha.
El octavo mandamiento obliga a respetar de manera irrestricta la libertad de expresión y de prensa. Cualquier desavenencia respecto al ejercicio de esa libertad se resolverá dentro del cauce legal vigente a la fecha y fortaleciendo los mecanismos de autocontrol, autorregulación y sanción.
El noveno mandamiento compromete a mantener el alto estándar del Perú como pagador puntual de su deuda pública para favorecer el clima de inversión, así como a promover la inversión privada honesta y respetuosa del ambiente y respetar la propiedad privada y la intangibilidad de los ahorros del público.
Por último, el décimo mandamiento establece el compromiso de luchar contra la corrupción y las mafias del contrabando, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras, de personas y animales, la subvaluación, el dumping y otros delitos.
Me incluyo entre los electores indecisos que están a la espera de que ambos candidatos se comprometan con estos mandamientos. Mejor que dar nuestro voto a alguien de quien desconfiamos por miedo u odio al otro, es decidir nuestro voto sin que éste signifique dar un cheque en blanco. Es lo mejor para el Perú.
