La incertidumbre ya ha devenido en zozobra y el clima de crispación y división entre peruanos ya cruzó el límite a partir del cual el conflicto electoral entre dos bandos puede transformarse en una guerra civil de esas que pueden llegar a durar un siglo. Sólo falta el chispazo que encienda la pradera, como sucedió en Colombia con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Gaitán en 1948, que desató una serie enfrentamientos urbanos que devinieron en una guerra de guerrillas rurales, que dejó más de 200 mil muertos. La confrontación violenta entre conservadores y liberales colombianos hizo que parte de éstos – los grupos de autodefensa campesina – arriaran sus banderas liberales para adoptar la hoz y el martillo del comunismo.
Los que aquí y ahora en el Perú repletan la mesa de partes del JNE y la ONPE con pedidos extemporáneos de auditoría de sistemas, o de anulación de cerca de mil actas en 17 regiones en las que Castillo ganó por amplio margen, o revelan ignorancia supina en materia de derecho electoral o en su defecto incurren en una maniobra dilatoria a sabiendas de que – más allá de puntuales irregularidades comunes a toda elección – el proceso electoral nuestro ha sido impecable, según lo atestiguan los expertos en derecho electoral y los observadores internacionales, incluyendo a la misión electoral de la OEA.
Keiko ha dicho que toda esta tramoya obedece a la necesidad de defender la voluntad popular. Sin embargo, es tan grotesca que, si el JNE le diera la razón en todos sus extremos, la voluntad popular de 200 mil peruanos que votaron por Castillo sería pulverizada. ¿Y con qué argumentos? Por presunta falsificación de firmas, por la participación de familiares en mesa y otras presuntas irregularidades. Desde ya quienes fueron miembros de mesa el 6 de junio ya desmintieron la imputación, mientras que la mayoría de las demás irregularidades sólo son observables durante el escrutinio.
Un Informe Especial elaborado por la encuestadora Ipsos corrobora que ni siquiera existen indicios de fraude en la segunda vuelta. Y demuestra estadísticamente al 100% de las actas que los casos de mesas con votaciones atípicas son pocos y benefician de manera similar a ambos candidatos, por lo que si se anulara las actas respectivas no alteraría el resultado. También afirma que no se presentaron casos atípicos concentrados en algunas regiones en particular, y que en las regiones con más casos atípicos, éstos se distribuyen igual para ambos candidatos. Por tanto concluye que, si se eliminaran todos los casos atípicos de la contabilidad de votos, el resultado final no se alteraría. Este análisis insospechado de ser pro comunista, es consistente con el informe evacuado por la OEA, que es muy detallista en la evaluación de todo el proceso y termina felicitando al Perú por haber llevado un proceso electoral impecable.
Entonces el problema no está en que exista fraude o no, sino en la no aceptación del resultado electoral por parte de quienes han venido jugando al “terruqueo” del oponente, a tratar a los ronderos campesinos que han venido a Lima como “comunistas violentistas”, revelando su incapacidad para atreverse a mirar la realidad social y política del país, con objetividad y sin anteojeras.
Para ellos la cosa es muy simple. “Los de la sierra”, los “otros”, los distintos a “nosotros”, todos ellos son comunistas. Y Castillo para ellos es tan comunista como Cerrón y ambos son igual de pro senderistas, terroristas y corruptos. Ni qué se diga de los ronderos, que también lo son.
El factótum de quienes siguen esta visión maniquea de la política y la sociedad peruanas es el almirante Jorge Montoya; experto en buques de guerra y en cuadricular la realidad del Perú en dos colores: blanco y negro. O mejor dicho, blanco y cholo (pronunciado despectivamente). Si eres blanco todo bien, salvo que seas de aquellos que osan analizar las cosas con todos sus matices, en cuyo caso eres un “caviar”. Sambenito crucial para descalificar al blanco o criollo pensante y así hacer prevalecer su visión dogmática y caricaturesca de la realidad del Perú.
Su apuesta hoy es que la retahíla de exigencias extemporáneas que Keiko ha presentado ante el JNE y la ONPE, les permita dilatar tanto el proceso como para evitar que antes del 28 de julio pueda instalarse el nuevo gobierno y así el almirante pueda fungir de presidente del Congreso con banda presidencial del Perú, encargado de anular las elecciones y convocar otras.
De hecho, Montoya fue el primero en exigir que se anulen las elecciones, presionando a Keiko para que más allá de su frase «vamos a respetar el veredicto del JNE» se anime a demandar la anulación del proceso electoral ante un juez, con el pretexto de haberse percatado de que el pleno del JNE tiene que estar compuesto por 5 magistrados y no por 4.
En buena cuenta, los escenarios en juego son cuatro, Un primer escenario en el que Keiko y sus halcones logran doblegar al JNE permitiendo que Castillo pierda 200 mil votos, lo que conllevaría a la proclamación de Keiko como presidenta. En ese contexto cualquier chispa encendería la pradera al estilo colombiano. Los ronderos se radicalizarían y junto a los reservistas de Antauro, organizarían una rebelión abierta contra el Estado, con atentados orientados a la conformación de zonas liberadas. Los proyectos mineros serían saboteados. Pudiera ser incluso que los más radicales seguidores de Cerrón opten por asesinar a Castillo para hacerse de un mártir aglutinante, de paso que se deshacen de un estorbo. La inversión huiría del país por muchos años mientras no amaine el clima de guerra civil.
A diferencia de Sendero Luminoso, cuya actuación violentista merecía el rechazo de la inmensa mayoría de la población, incluidos los ronderos, ahora tendríamos una guerrilla con la cual simpatizaría la mitad de la población que se sintió burlada por el sistema electoral y por una derecha cavernaria que por años no ha mirado más allá de sus narices, en colusión con políticos corruptos.
Sin embargo, de mantenerse la institucionalidad, pronto el JNE debe estar proclamando presidente al candidato Pedro Castillo. Entonces habría dos escenarios posibles. Un escenario polarizador en el que Castillo gobierne bajo el libreto de Cerrón, con un gabinete ideologizado en el que sólo habría cabida para las huestes de Perú Libre y Juntos por el Perú, y con una invasión clientelista del aparato del Estado por partidarios sin mayor idoneidad para ejercer la función pública.
Su gobierno entraría desde el saque en abierta confrontación con el Congreso. La extrema derecha se aglutinaría en torno a las Fuerzas Armadas y la posibilidad de un golpe militar o una vacancia presidencial estaría a la vuelta de la esquina. Lo cual a unos podría parecerles bueno, pero el desgaste del sistema democrático y la conflictividad social y política que implicarían sería un costo enorme, muy nocivo para la marcha de la economía del país.
El segundo escenario sería no polarizador, con un gobierno liderado por Castillo invocando a la integración nacional, secundado por un equipo técnico político capaz de emprender la reforma social y del Estado que se necesita para generar igualdad de oportunidades y justicia social con estabilidad económica.
Sin embargo, no será fácil para Castillo navegar desde el inicio por aguas tan distantes de Cerrón, a pesar de haber dado muestras reiteradas de su voluntad de distanciamiento de él, porque éste aún mantiene una alta capacidad de presión política. No obstante, Castillo ya proclamado presidente (dentro del marco de un régimen democrático presidencialista) puede ganar grados de libertad para ir construyendo su propia base de poder político. Indudablemente que este escenario sería más factible si los empresarios con mayor visión lo internalizan empezando por reescribir su propia historia y su rol social.
