HOJA DE RUTA ECONÓMICA 2021-2026

Todo indica que esta semana el JNE proclamará a Pedro Castillo como presidente de la república. Se sabe que viene trabajando en el armado de un gabinete centrista y sin presencia de Cerrón y sus huestes radicales, como era el mayor temor del sector empresarial. Sin embargo, no le estaría siendo fácil reclutar, pues su alineamiento con propuestas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente en plena crisis pandémica o el ingreso libre a las universidades, debe ser difícil de digerir para varios de los convocados.

En este contexto, un diálogo abierto con las demás fuerzas políticas dentro del marco del Acuerdo Nacional -como lo ha propuesto el presidente Sagasti- sería muy oportuno. Ayudaría a encontrar puntos de consenso que podrían reflejarse en la composición del gabinete, contribuyendo a mejorar la perspectiva de gobernabilidad del país para el próximo quinquenio.

En mi artículo de la semana pasada (Por un Pacto de Estabilidad Económica y Política) propuse un pacto que contenga el mínimo común denominador mutuamente aceptable, tanto para el nuevo gobierno como para la oposición, a fin de permitir que el Perú sea gobernable durante los próximos 5 años y prosiga una senda de crecimiento sostenido con igualdad de oportunidades para todos. En este artículo expongo algunos elementos para elaborar una hoja de ruta económica a partir de dicho pacto.

Por lo menos durante el primer año de gobierno, tanto el Ejecutivo como el Congreso deberían comprometerse a trabajar sintonizados en afrontar 5 objetivos fundamentales: (1) combatir la pandemia; (2) generar empleo y cerrar las brechas sociales; (3) combatir la delincuencia; (4) cerrar la brecha educativa pandémica; y (5) iniciar una profunda reforma del Estado.

La población tiene que llegar a ser resiliente lo antes posible, para lo cual hay que completar cuanto antes la vacunación, crear capacidades endógenas para sostener la inmunización ante el surgimiento de nuevas variantes del Covid-19 y desarrollar una red de salud primaria eficiente.

Para generar empleos dignos en la magnitud requerida se necesita impulsar la inversión privada y su capacidad de generación de valor compartido con la comunidad. También hay que impulsar la asociatividad y la transformación competitiva de los pequeños negocios informales urbanos y rurales. Hay que añadir valor agregado a los productos primarios, diversificar la producción en cadenas y redes productivas que aprovechen nuestras ventajas de biodiversidad, de conocimientos ancestrales y de emprendimiento.

La pandemia ha demostrado que la seguridad alimentaria es crucial. Hoy muchas familias peruanas están padeciendo hambruna y el Estado no puede permitirlo, para lo cual debe canalizar productos de panllevar a las ollas comunes. Pero, es más, se requiere sustituir progresivamente, de manera creativa y competitiva, insumos alimenticios importados. Sería muy mala señal prohibir las importaciones. En lugar de ello, hay que apostar por transformar la estructura del consumo alimenticio, de manera que progresivamente se demande más insumos nativos cuya producción competitiva e innovadora sea fomentada vigorosamente, combinando nuestras tecnologías ancestrales con tecnologías modernas.

Necesitamos también articular los pequeños negocios urbanos y rurales con cadenas de valor dedicadas a la producción de energías renovables, el desarrollo industrial limpio y la producción de servicios intensivos en conocimiento y tecnologías digitales.

El actual modelo económico mercantilista debe ser reemplazado por una verdadera economía social de mercado, que permita que el crecimiento venga acompañado de verdadero desarrollo, empezando por las poblaciones más vulnerables y las Mypes.

Para ello hay que ampliar la generación de excedentes económicos eliminando la corrupción y los gastos superfluos del Estado, y en paralelo hay que impulsar el pago justo de impuestos, eliminando la evasión y la elusión tributaria. Los nuevos excedentes deben ser canalizados hacia las Mypes informales y la agroforestería familiar y comunitaria de la sierra y la selva.

Las empresas privadas tienen que competir unas con otras desde muy temprano, para lo cual el Estado debe promover la competencia que contribuya a la desconcentración empresarial y también debe prevenir la integración vertical de servicios de primera necesidad para la población.

Hay que romper con el mito de que el Estado no debe participar empresarialmente. Sin embargo, no debe hacerlo para competir con el sector privado sino para promover la innovación, la competencia, el desarrollo industrial y la competitividad. En lugar de un Estado expropiador, se requiere un Estado democratizador de la economía, promotor del accionariado difundido en empresas que inviertan en el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de valor agregado a nuestras materias primas.

Una verdadera economía social de mercado también requiere desarrollar una “Sociedad del Conocimiento” sustentada tanto en una educación pertinente y de calidad orientada al aprendizaje en el trabajo, como en la organización de un ecosistema de ciencia y tecnología eficiente, el desarrollo de parques tecnológicos que atraigan inversión extranjera dispuesta a transferir tecnología y conocimientos de punta a nuestros jóvenes.

En cada región debe desarrollarse cadenas productivas de bienes y servicios competitivos, poniendo en valor sus propias vocaciones productivas, con participación intensiva de Mypes, cooperativas y asociaciones de productores, articulados a medianas y grandes empresas.

Nada de esto se podría lograr sin respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, la preservación del equilibrio fiscal, la estabilidad de precios, el respeto absoluto tanto a los ahorros del público como a las cuentas de los pensionistas de las AFPs y al pago puntual de la deuda pública.

Tampoco se podría lograr sin meritocracia y carrera pública para generar eficiencia en la administración pública y atraer a los mejores talentos al Estado: Profesionales reclutados con métodos competitivos, permitiendo mayor autonomía y eficacia en el funcionamiento de las entidades públicas.