El gobierno entrante enfrenta dos retos inmediatos: el control de la pandemia y la crisis económica. En ambos frentes el gobierno saliente no ha hecho las cosas bien. En el caso de la pandemia, al monopolizar la importación y distribución de vacunas, la vacunación viene muy lenta y con vacunas de baja calidad. Además, no ha puesto en marcha la red de atención primaria ni un sistema masivo de pruebas moleculares y rastreo de nuevos casos. Respecto a la crisis económica, con su parcialización a uno de los candidatos, ha contribuido a generar incertidumbre entre los agentes económicos y a impedir la recuperación de la inversión privada y la generación de puestos de trabajo formales. La reactivación de la inversión pública no ha sido suficiente para revertir esta situación.
El equipo técnico de Pedro Castillo viene haciendo poco para cambiar las expectativas del sector privado. Si bien critica el ritmo de vacunación del gobierno saliente, no plantea soluciones ni hace referencia a la calidad de las vacuna, la necesidad de potenciar la de red de atención primaria o el uso masivo de pruebas moleculares y el rastreo. Pareciera que la política del nuevo gobierno será apostar todas sus fichas a una rápida vacunación de la población, sin importar la calidad de las vacunas. La experiencia de otros países indica que concentrarse en la vacunación no es garantía para evitar una tercera ola con su correspondiente impacto en la economía.
En el campo económico, el equipo de Pedro Castillo viene tratando, por todos los medios, de calmar las expectativas de los agentes económicos y reducir la incertidumbre. Ha sostenido reuniones con técnicos menos radicales, asociados a Juntos por el Perú y al régimen de Humala, y hasta se ha pedido que permanezca en su cargo el presidente del Banco Central. Se ha tratado de excluir a los elementos más radicales asociados al secretario general de Perú Libre, pero aparentemente sin mucho éxito. La insistencia de convocar a una Asamblea Constituyente contradice les esfuerzos por calmar a los mercados financieros.
En ese contexto, la incertidumbre entre los agentes económicos continuará, y el debate sobre la Asamblea Constituyente se llevará al campo del nuevo Congreso. La designación del nuevo gabinete, con predominio de técnicos de izquierda, agregará a la incertidumbre o, peor, confirmará las expectativas más pesimistas.
¿Qué nos espera en el campo económico para el resto del año? No habrá una hecatombe, como algunos vaticinan, pero si un sostenido deterioro de la economía en todos los frentes. La falta de inversión privada se hará sentir en la generación de nuevos puestos de trabajo formales. La informalidad continuará en aumento. El déficit fiscal se mantendrá elevado, como consecuencia de los mayores gastos a incurrir en bonos universales y programas de transferencias monetarias. El relativo bajo nivel de la deuda pública permitirá concertar nuevo endeudamiento, aunque tendrá que ser en moneda extranjera y con la probabilidad cada vez mayor del deterioro del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo.
Lo que si es muy probable que ocurra en los meses restantes de este año es una aceleración de la inflación. Como lo hemos explicado en una entrega anterior, las presiones inflacionarias crecen mes a mes. El tipo de cambio se ha devaluado más del 11% en los últimos 12 meses. Los precios mayoristas se han elevado más del 9% en similar período. Mientras tanto los precios al consumidor solo han experimentado un incremento de 3.5% en el mismo período (ver Gráfico 1). A lo anterior hay que sumarle el aumento de los precios internacionales de petróleo e insumos agrícolas.
¿Porque los precios al consumidor no han subido en la misma proporción? La principal razón ha sido la reducción de la demanda interna, como consecuencia de la severa recesión que ha experimentado la economía peruana en 2020 a raíz de la antitécnica cuarentena a la que se vio sujeta la economía nacional. Conforme avanza la recuperación económica, los comerciantes han venido sacrificando sus márgenes absorbiendo los mayores costos que significan la elevación de los precios de sus insumos y el mayor tipo de cambio en el caso de productos importados.
Sin embargo, esta situación no puede continuar indefinidamente. De hecho, ya hay productos, que tienen un peso significativo en la canasta del consumidor, que han experimentado fuertes incrementos en las últimas semanas como es el caso de los combustibles, aceite, pollo y otros. Todo ello debe traducirse en incrementos de la inflación que fácilmente podría superar el 5% a fines de año.
¿Cuál es el problema con una inflación superior al 5% al año? El principal problema es su impacto en el poder adquisitivo del asalariado. Esto genera malestar en la población. La tentación de gobiernos de izquierda es atacar el problema de la inflación o con control de precios o aumento de los salarios. Ambas soluciones van en contra de los principios básicos de economía social de mercado. Estas soluciones lo único que causan es desabastecimiento y mayor inflación y, a la postre, mayores niveles de pobreza. Lo peor es que si no se controla a tiempo puede devenir en una espiral inflacionaria de imprevisibles consecuencias.
Nuestra constitución asigna al BCRP el mandato legal de la estabilidad de precios y de la moneda. El BCRP deberá actuar con cautela, evitando aplicar una política monetaria orientada a frenar la demanda, cuando ese no es el problema. En esta función, la credibilidad del ente emisor es fundamental y es uno de los pilares de la economía social de mercado. La posibilidad de que una Asamblea Constituyente cambie los principios básicos de la economía social de mercado es la principal fuente de incertidumbre de los agentes económicos. No habrá gabinete o equipo técnico, por mas moderado que sea, que logre calmar los mercados, si se mantiene la intención de instaurar una Asamblea Constituyente. Estamos avisados.
