Ante la fuerte alza de precios de productos de primera necesidad, la bancada de Perú Libre ha proyectado una ley para poder decretar el control de precios de todo producto. De aprobarse sería un retorno a las políticas hiperinflacionarias e hiper – recesivas que el Perú ya vivió en el quinquenio 1985-1990. Algo así como facultar al gobierno a que pueda matar gente a fin de elevar el ingreso per cápita.
Sólo como ejemplo. Si el gobierno fija el precio de un menú, debe fijar también los precios de los insumos requeridos para su elaboración, lo que es un imposible. Los precios de los insumos importados se determinan en el mercado internacional, no en el Perú, y están sujetos a costos cambiantes. Otros insumos de origen nacional suben y bajan en función a la estacionalidad de la oferta y la demanda en distintas épocas del año. En este contexto, fijar precios genera una catarata destructora de valor, generadora de pérdidas de capital y productividad, tanto para el micro y pequeño como para el gran empresario, lo que finalmente mina la creación de empleos y los ingresos reales de la población.
Sólo la ignorancia o un afán político de destruir los cimientos de la economía de mercado pueden explicar tamaño despropósito. Porque el control de precios como política permanente es un contra sentido, como ya se vio en la ex URSS, Cuba, la China de Mao Tse Tung, el Chile de Allende, la Argentina de Perón y de los Kirchner y la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro. Porque inmoviliza los precios, siendo éstos por naturaleza flexibles, para poder reflejar las escaseces relativas de recursos.
En el Perú, la experiencia de control de precios y subsidios indiscriminados a los bienes de consumo que aplicó el primer gobierno de Alan García fue tan nefasta que, desde entonces, ningún gobierno se había atrevido a revivirla. Porque los platos rotos de esa política los terminaron pagando el pueblo, con desabastecimiento de productos básicos, surgimiento de mercados negros, acaparamiento, las largas colas para no poder comprar nada, caída severa de la producción y el empleo, y merma de los salarios reales ante la irrefrenable alza de precios, que tarde o temprano llega ante los crecientes déficits fiscales y poniendo a andar la “maquinita de billetes” del Banco Central de Reserva (BCR).
Tan es así que, en julio de 1990, tras 5 años de aplicar esa política, los ingresos de las grandes mayorías quedaron pulverizados por el alza acelerada y generalizada de los precios, haciendo que el 80% de los peruanos viva en la pobreza. Para vender una panacea que nunca llega y que se transforma al final en la peor pesadilla, Alan García y su equipo heterodoxo necesitaron de una “doctrina económica” justificativa. Y la tuvieron en el libro “El Perú Heterodoxo” escrito por Daniel Carbonetto, César Ferrari, Oscar Dancourt y otros.
En síntesis, esa doctrina consistía en que para que haya crecimiento económico sostenido sólo se necesita hacer crecer la demanda agregada vía expansión monetaria y gasto fiscal. El déficit fiscal no debe preocupar porque no produce inflación; por el contrario, la inflación produce el déficit fiscal y se ocasiona por presión de costos e inercia de precios.
Dentro de este marco doctrinario, la calidad del gasto sólo es tema de preocupación para los estúpidos, pues basta con cavar zanjas para que el multiplicador de la economía haga su tarea y todos vivamos felices y contentos. Si faltan divisas no importa porque se deja de pagar la deuda o se limita su pago y ya está. El BCR debe mantener el tipo de cambio fijo a toda costa para que los precios se mantengan estables, y no hay que preocuparse por el desequilibrio comercial externo, porque hay total rigidez para que las exportaciones aumenten y las importaciones disminuyan si el sol se deprecia. Las importaciones de capital también son inelásticas al tipo de cambio, por lo que éste no corrige el desequilibrio de balanza de pagos.
Si el control de precios no funciona (porque los mercados paralelos y los “productos nuevos” ficticios empiezan a propalarse como si fueran hongos), no hay problema porque se puede crear tipos de cambio múltiples y licencias previas de importación que “contribuirán a frenar la inflación” y a “favorecer a los más pobres” con un tipo de cambio barato para importadores de insumos básicos (con nombre y apellido y coima de por medio).
La historia es archi conocida pero la cuento como un recordaris útil para esta complicada coyuntura, para saber el terreno pantanoso al que parece que el gobierno de Perú Libre está tratando de meter al país. Las primeras luces de peligro son los crecientes déficits fiscales y cuasi fiscales (desbalance en las cuentas del BCR).
Luego la espiral inflacionaria se hace imparable y se convierte en una hiperinflación. Los bancos dejan de dar crédito y se dedican a especular con el dólar. En los años 1987-1990 el PBI cayó 24%, la presión tributaria llegó a 3.5% del PBI, en 1990 los sueldos retrocedieron en 151% respecto a 1985 y las reservas internacionales netas no sólo se extinguieron sino que se tornaron negativas.
El Estado “Papa Noel” que hoy pretende ser un regalón de plata como cancha y un gendarme de los precios a los que obliga a las empresas a vender sus productos, es un Estado que mañana colapsa abruptamente, junto con todo un pueblo que al inicio lo aplaudió y que al final terminará repudiándolo.
El gobierno que sustenta ese Estado suele ser paranoico. Para él los ciudadanos que no crean en la sostenibilidad de sus políticas y se refugien en el dólar para evitar que sus ahorros colapsen, serán unos “vende patria”. Los empresarios que dejen de invertir porque sólo ven incertidumbre y reglas de juego obscuras para recuperar su capital serán “la derecha enemiga”. Las empresas transnacionales más honestas preferirán invertir en países donde reina la confianza. Sólo se quedarán las transnacionales mañosas, acostumbradas al arreglo bajo la mesa, empresas tipo ‘Lava Jato’.
Sin inversión privada ni aliciente para el ahorro, el crecimiento económico sólo podría darse vía expansión monetaria y gasto fiscal desmesurado, de carácter inflacionario. El cerrojo monetario por eso es crucial, para lo cual no sólo es fundamental la permanencia de Julio Velarde sino la conformación de un directorio del BCR compuesto por técnicos altamente especializados e independientes de los partidos políticos que conforman las bancadas del Congreso. También hay que fijarse en quién sería designado vicepresidente, porque sería quien reemplazaría al presidente de directorio en ausencia de éste.
En medio de todo el desmadre económico y político que viene soportando el país, un buen síntoma es el decreto de urgencia por el cual el ministerio de economía ha restablecido las reglas de responsabilidad fiscal, colocando un techo de 3,7% para el déficit fiscal en 2022 y otro techo de 38% para la deuda pública. Lo que no sabemos con este gobierno es si esa regla ha nacido para ser inamovible o sólo para teñir de gris las nubes negras que se avizoran en el horizonte. Por lo pronto, hay que darle el beneficio de la duda a Pedro Francke, sin dejar de estar vigilantes.
