Según la última revisión macroeconómica de la consultora MAXIMIXE, el año 2022 será malo, pues el PBI crecerá 2,6% en vez del 3,1% que proyectaba en noviembre pasado y mucho menor al 4,8% que trazó como meta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Presupuesto Público 2022. El 2023 será peor, pues en el mejor de los casos el PBI crecerá 1,9%.
Si no fuera por el boom de las exportaciones de cobre, oro y plata y haber heredado la ampliación de Toromocho, el arranque productivo de Mina Justa y Quellaveco, el actual desgobierno hubiera sumergido la economía peruana en una recesión.
Digo desgobierno y no gobierno porque, si antes los ministerios eran lentos e ineficientes ahora se han vuelto Arcas de Noé sin rumbo cierto, trincheras del caos en los servicios públicos. El populismo en su máximo esplendor, jugando en pared con un Congreso clientelista, al que le apestan las políticas de estado y las reformas que urgen para encaminar el país por una senda de desarrollo.
Si hay algún mérito que reconocerle a Pedro Castillo es su perseverancia a prueba de balas. Perseverancia en el error, en la designación de personas negadas para la función pública en los más altos cargos. En su afán de utilizar el poder que le delegó la nación para prorratearlo y venderlo a cambio de votos de congresistas igual de amorales.
Por eso no hay gabinete, no hay equipo. Sólo un archipiélago de oportunistas, prontuariados e improvisados. Sólo en este contexto puede entenderse una medida como el toque de queda el 5 de abril último para Lima y Callao, decretado a medianoche del día anterior, sin previo aviso y sin razón alguna valedera. El costo de inmovilizar la actividad económica ascendió aproximadamente a S/ 1.350 millones, alrededor de 1,7 décimas del PBI.
Nos estamos acostumbrando a presenciar el espectáculo de una competencia sorda entre el gobierno y el congreso, para ver quién es más populista que el otro, para así poder mantenerse en el poder.
La Comisión de Economía del Congreso acaba de emitir un dictamen que plantea que cada pensionista pueda retirar hasta S/ 18,400 de su fondo privado. Entre 2020 y 2021 gobierno y congreso ya facilitaron retiros anticipados por US$ 18 mil millones; equivalentes al 12% del PBI de 2021 y 10% del nivel pico de la cartera de inversiones de las AFPs (2019). Aquí habrá un impacto macroeconómico a partir de la consiguiente reducción del ahorro nacional a largo plazo, lo que mermará el crecimiento económico. También habrá un impacto social: más gente sin pensiones para vivir su vejez.
Luego vino la exoneración del ISC al diésel y a la gasolina de 84 y 90 octanos, que le costará al país alrededor de S/ 350 millones al mes, junto con la exoneración del IGV a productos de la canasta alimenticia (pollo, huevos, fideos, leche y azúcar), cuyo costo fiscal ascenderá a S/ 200 millones al mes. Se trata de medidas anti – técnicas improvisadas que no se reflejarán mayormente en una reducción de precios sólida de esos productos. Porque se trata de mercados altamente oligopólicos, en los que prevalece la capacidad de fijar precios unilateralmente o de manera tácitamente concertada. Más aun en un contexto de reducción de márgenes de utilidad ocasionados por el alza internacional de los insumos.
De otro lado, entre 2021 y 2022 la cartera de préstamos en pérdida e irrecuperables en el sistema financiero bordearán los S/ 20 mil millones. En 2021 esta cartera fue 69% mayor que el nivel pre – pandemia (2019). A diciembre de dicho año ya había más de 1,1 millones de deudores con más de 6 meses de mora, pudiendo llegar a alrededor de 2 millones a diciembre de 2022.
En ambos años la inversión privada estará estancada, por la menor calificación de riesgo país por parte de las principales calificadoras internacionales, así como la fuerte pérdida de calificación del Perú como destino de inversiones mineras, por parte del Instituto Fraser.
Así como el Ministerio de Agricultura anda en nada con su “Segunda Reforma Agraria”, el MEF mantiene un retraso de hasta 3 años en la subasta de nuevos proyectos de transmisión eléctrica priorizados por Osinergmin, frenando así una inversión de US$ 1.200 millones y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico interconectado, pudiendo causar incrementos tarifarios y apagones.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no se quedad atrás y ha evacuado un anteproyecto de Código de Trabajo que establece una serie de rigideces tendientes a desincentivar no sólo la contratación de trabajadores formales sino la inversión en actividades intensivas en mano de obra y la formación laboral en alternancia. Como muestra un botón: los practicantes serán trabajadores en planilla, o sea se les pagará como si ya supieran desempeñar una función, cuando en realidad llegan a aprender.
Otro botón: la modificación de las condiciones de trabajo se decidirá en acuerdo con los trabajadores o por aprobación del MTPE. Además, hay indemnizaciones por despido sin topes, bonos no salariales para sindicatos y más pagos por gratificaciones y vacaciones.
En buen romance, este proyecto de código laboral es una invitación a pasarse a la informalidad o a mudarte a otro país. Lo más hilarante es que los organismos del estado son sumamente explotadores e incumplen casi todas las normas laborales vigentes; salvo cuando el partido político de turno contrata a sus argollas. Con mayor razón incumplirán las nuevas que son draconianas.
Todo esto en un escenario en el que la producción de cobre muestra una tendencia al estancamiento; en febrero decreció 13,5% respecto a enero. Lo que puede empeorar por causa de los conflictos sociales, protestas y actos de vandalismo, que tienden a multiplicarse ahuyentando la inversión minera hacia otros países que gozan de reglas de juego más claras y estables.
Hay 55 conflictos mineros actualmente. Las Bambas, Cuajone y Atacocha son las unidades mineras más complicadas, con un impacto potencial muy negativo en las exportaciones. Además, cinco comunidades de Espinar (Cusco) han anunciado que reanudarán una huelga indefinida contra la minera Glencore Antapaccay. El Ministerio de Energía y Minas no sabe negociar ni con los comuneros ni menos aun con las mineras, en búsqueda de compromisos bajo un esquema de generación de valor compartido. Un cero a la izquierda cerronista.
Mientras tanto la guerra de Rusia contra Ucrania viene acumulando efectos recesivos en Europa, lo que podría tirar abajo el precio del cobre. A ello se suma el confinamiento en Shanghai que ya pega en el mismo sentido.
El escenario para 2023 se torna aún más duro por efecto de la elevación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que podría desencadenar una crisis bursátil y una recesión en EEUU. En cuyo caso no sólo el cobre tendría un bajón de demanda, sino también el zinc y las agroexportaciones.
Debemos prepararnos para un 2023 que ya pinta muy chúcaro. Este jueves en el encuentro mensual del Club de Análisis Estratégico de Riesgos (CASER), organizado por la consultora MAXIMIXE, analizaremos en detalle estas perspectivas. Es mejor adelantarse al futuro.
