La Defensoría del Pueblo ha informado que se en abril se registraron 225 conflictos sociales, la mayor cifra en los últimos 10 años. Este aumento representa una preocupación para la estabilidad del país, ya que las protestas y tensiones sociales pueden tener un impacto negativo en la economía y en la confianza de los inversionistas. Según el informe, la mayor cantidad de conflictos se ubican en Cusco y Apurímac, los principales motivos son la defensa del medio ambiente, la reivindicación de derechos laborales y el acceso a servicios básicos.
La escalada de los conflictos sociales puede generar un clima de incertidumbre y afectar la inversión y el desarrollo económico del país. La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno y a las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas y dialogadas para abordar las demandas y evitar que los conflictos se intensifiquen. Además, es importante fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promover el diálogo constructivo entre los sectores involucrados.
Es fundamental que las autoridades peruanas tomen acciones inmediatas para atender las demandas y preocupaciones de la población, así como garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones. La resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la gobernabilidad serán clave para salvaguardar la estabilidad social y económica del país en el futuro.