El enfrentamiento y manejo de la delincuencia en Perú ha sido un tema de preocupación tanto para el gobierno como para los ciudadanos, y recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha arrojado luz sobre la magnitud económica de este desafío. Según el ministro Alex Contreras, el costo económico que representa la lucha contra la delincuencia en el país es significativo, superando el 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Este porcentaje no solo refleja el gasto directo en medidas de seguridad y justicia, sino que también engloba las repercusiones económicas indirectas que la delincuencia impone en la sociedad y en el sector privado, afectando la inversión y el desarrollo socioeconómico.
El ministro Contreras ha destacado que el gobierno está comprometido en revertir la tendencia creciente de la delincuencia, que se ha exacerbado durante la pandemia, mediante la asignación de más recursos al Ministerio del Interior con el objetivo de fortalecer a la Policía Nacional. La inversión en seguridad no solo se traduce en un aumento del presupuesto para las fuerzas del orden, sino que también implica mejoras en infraestructuras y la implementación de tecnologías que permitan una respuesta más eficaz y coordinada ante el crimen. Además, se busca una estrategia integral que permita abordar las raíces del problema, involucrando a diversas instituciones y sectores de la sociedad en la creación de un entorno más seguro y justo para todos los peruanos.
La inversión en la lucha contra la delincuencia, aunque esencial, plantea también un desafío en términos de asignación de recursos en un contexto económico que ha sido impactado por la pandemia de COVID-19. La necesidad de equilibrar los gastos en seguridad con otras áreas críticas como la salud, la educación y el desarrollo social se convierte en una tarea compleja para el gobierno. Además, es fundamental que las estrategias implementadas para combatir la delincuencia sean sostenibles y efectivas a largo plazo, lo que implica no solo invertir en medidas represivas, sino también en programas de prevención, reinserción y desarrollo social que aborden las causas subyacentes de la criminalidad y permitan construir una sociedad más inclusiva y segura. En este sentido, el enfoque del MEF y otras entidades gubernamentales debe ser holístico, considerando la seguridad como un elemento intrínseco al desarrollo y bienestar de la nación.