El Congreso de la República se encuentra en medio de un debate acerca de los proyectos de ley que buscan permitir un séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En este contexto, la bancada Acción Popular ha presentado una nueva iniciativa legislativa que no solo aborda el retiro de fondos de las AFP, sino que también propone extender la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) hasta 2025. Este movimiento legislativo se desarrolla en un escenario económico que ha sido significativamente impactado por la crisis económica y otros factores como el fenómeno de El Niño Costero, afectando la estabilidad financiera de las familias peruanas.
El Proyecto de Ley N° 6091/2023-CR, liderado por Luis Aragón y respaldado por otros parlamentarios de su bancada, propone el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos acumulados por los afiliados a las AFP, una medida que se asemeja a otros proyectos de ley presentados en meses recientes. Además, la iniciativa añade una medida adicional: prolongar hasta 2025 la opción de que los trabajadores dispongan del 100% de su CTS. Es crucial recordar que la flexibilidad para el retiro del 100% de la CTS vence a finales de este 2023, y si no se aprueba una nueva ley que extienda esta medida, desde 2024 se restablecería la intangibilidad de la CTS, hasta por el equivalente de 4 remuneraciones del trabajador.
Aunque la propuesta legislativa busca proporcionar alivio financiero inmediato a las familias peruanas en medio de la crisis, también es fundamental considerar las implicaciones a largo plazo de tales medidas en el sistema previsional y en la estabilidad económica del país. Expertos indican que ninguna de las dos medidas (retiro de AFP y CTS) se justifican, ya que desvirtúan los objetivos de los fondos de AFP y CTS. Además, se está evaluando la posibilidad de un séptimo retiro de fondos de las AFP en la Comisión de Economía del Congreso, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro financiero de los ciudadanos y en la solidez del sistema de pensiones del país. La gestión de estas propuestas y su implementación deben ser manejadas con una visión integral que asegure la sostenibilidad y la seguridad financiera de las generaciones futuras.