El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha implementado una medida económica significativa al elevar las tasas máximas de interés para los créditos dirigidos a personas y micro y pequeñas empresas (mypes). Esta decisión, que regirá desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024, establece las tasas en 10,186% en moneda nacional y 8,294% en moneda extranjera. Este ajuste responde a la política del BCR de regular las tasas de interés en el mercado financiero, en línea con la Ley 31143, conocida como Ley de Usura, promulgada en marzo de 2021. La ley busca evitar el cobro excesivo en los intereses de los créditos, estableciendo un límite que es el doble de la tasa promedio de los créditos de consumo en el sistema financiero.
La evolución de las tasas máximas de interés ha mostrado una tendencia ascendente desde la implementación de la Ley de Usura. Inicialmente, entre mayo y octubre de 2021, la tasa máxima fue de 8,340%, y ha ido incrementándose progresivamente en los periodos subsiguientes. Para el periodo de noviembre de 2023 a abril de 2024, la tasa ha alcanzado el 10.186%, reflejando un incremento sustancial desde su punto de partida. Este aumento se alinea con la metodología del BCRP, que toma como referencia el promedio de las tasas de interés de fin de mes para créditos de consumo, y ajusta el tope máximo cada seis meses.
El BCRP ha indicado que la próxima actualización de las tasas máximas se realizará el 1 de mayo de 2024, basándose en el promedio de las tasas de interés del sistema financiero para créditos de consumo durante el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024. Esta política de ajuste semestral permite al BCRP mantener un control sobre las condiciones de financiamiento en el mercado, asegurando que las tasas de interés no excedan un nivel que podría considerarse usurario y que, al mismo tiempo, se adapten a las condiciones económicas del momento.
El incremento en las tasas máximas de interés para créditos a personas y mypes tiene implicaciones profundas en la economía peruana. Por un lado, busca proteger a los consumidores y pequeñas empresas de prácticas de usura, manteniendo el acceso al crédito bajo condiciones justas. Sin embargo, también podría tener un efecto restrictivo en la disponibilidad de crédito, especialmente en un contexto de recuperación económica postpandemia. Las empresas y consumidores podrían enfrentarse a mayores costos de financiamiento, lo que exigiría una gestión financiera más cautelosa. A largo plazo, esta medida del BCR podría influir en el comportamiento del ahorro y la inversión, así como en la estabilidad financiera del país.