Cuando al inicio de los años 90, el país sufrió la dureza de un proceso de ajuste que corrigió un manejo muy desordenado e irracional de la economía, una de las principales medidas aplicadas fue la racionalización y simplificación del marco tributario y recaudador del Estado.
Antes de esa fecha la frondosa legislación tributaria y las numerosas exoneraciones se tradujeron en la práctica en una vertiginosa caída de la recaudación fiscal que dejó al Estado sin recursos para cumplir sus obligaciones básicas: había muchos impuestos, pero casi nadie los pagaba y la presión tributaria, es decir la relación entre la recaudación fiscal y el PBI llegó a ser del orden del 5% cuando los países de una economía sana mantienen una presión cercana al 20%.
Una de las principales reformas emprendidas en ese momento fue la concentración de la recaudación tributaria en 4 impuestos:
- El Impuesto General a las Ventas + el Impuesto de promoción Municipal, llamado comúnmente IGV.
- El Impuesto a la Renta.
- El Impuesto Ad- Valorem a las importaciones
- El Impuesto Selectivo al Consumo, llamado ISC
Simultáneamente se eliminaron las exoneraciones, entre ellas una exoneración de impuestos a los combustibles en la Amazonía que había estado vigente durante muchos años sin cumplir el objetivo de lograr el desarrollo económico de esa región.
Cuando hacia el final de la década de los años 90, se produjo un conflicto de límites con nuestro vecino del norte y ésto desembocó en una confrontación armada, al final, el país se enteró que como parte del Acuerdo de Paz se había cedido un kilómetro cuadrado al Ecuador (Tiwinza). Esta situación generó una violenta protesta en algunas ciudades de la selva en las que se llegó a quemar edificios públicos.
En su desesperación por calmar los ánimos en la selva, el gobierno anunció que volvía a establecer la exoneración del impuesto general a las ventas y del impuesto selectivo al consumo a los combustibles que se vendieran en los departamentos de la selva: Loreto, San Martin, Ucayali y Madre de Dios.
Pasaron algunos meses y a pesar de haberse implementado la exoneración de impuestos y a la difusión de esta noticia, los precios de los combustibles en esas regiones se redujeron muy poco sin reflejar la verdadera reducción correspondiente a la exoneración de impuestos. Fue en estas circunstancias que el gobierno se percató que había una estación de servicios (grifo) en Iquitos que habiendo sido incautado a un narcotraficante estaba paralizado. Se decidió encargar a Petroperú que ponga en operación este grifo con el objetivo de dar una señal de precios en ese mercado que verdaderamente refleje la exoneración de impuestos implementada. Ese grifo “PETROAMAZONAS” es el único grifo que es operado directamente por PETROPERÚ a nivel nacional y cumplió su encargo pues apenas empezó a operar reflejando la exoneración de impuestos y dejando un margen comercial atractivo para PETROPERU, los demás grifos ajustaron sus precios en diferentes montos, pero trasladando al fin a los consumidores la reducción de impuestos en la zona.
Posteriormente, la Región San Martín solicitó salir de la condición de zona exonerada con la condición de recibir transferencias del gobierno Central por un monto equivalente a la recaudación de los impuestos antes exonerados. El objetivo de esta propuesta era disponer de recursos que permitan al Gobierno Regional disponer de recursos presupuestales para hacer obras en su región.
Hoy la exoneración del IGV y del ISC a los combustibles se aplica sólo a las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios y resulta muy interesante comparar cómo en los últimos años el mayor crecimiento económico se ha dado justamente en la región que decidió renunciar a la exoneración de impuestos, la región San Martín. Entre el año 2007 y el año 2016 la región San Martín creció 6.2% mientras que el resto de la Amazonía sólo creció 3%
Un reciente informe del MEF consigna que sólo por efecto de la exoneración del ISC a los combustibles a esas tres regiones en nuestra selva el costo fiscal asociado es de 217 millones de soles en el año 2019.
Es sorprendente también comprobar que si comparamos el parque automotor de esas regiones (es decir el número de vehículos) con su aparente consumo de combustible resultaría una cifra imposible que no podría ser consumida así estén funcionando las 24 horas del día sin parar ningún día del año. Así resulta que en Madre de Dios se consumen 86.5 galones diarios de combustible por cada vehículo y en Ucayali 14.5 galones al día, mientras que en Lima se consumen sólo 1.2 galones por día y en otras ciudades como Arequipa y Huancayo el consumo llega a ser de 2.8 galones diarios.
La realidad es que esa irracional exoneración tributaria cuyo objetivo de impulsar el desarrollo de estas regiones nunca ha sido contrastado con la realidad, se ha convertido en una perniciosa actividad de contrabando interno y peor aún, en un subsidio a las actividades de narcotráfico, minería ilegal y comercio ilegal de la madera que han crecido fuertemente en estas tres regiones.
Contestar a la pregunta del título de este artículo sólo nos lleva a una respuesta, en la práctica la exoneración ha beneficiado principalmente a los tramposos y a los que se burlan de la Ley para aprovechar los resquicios de un sistema que pone reglas sin controles efectivos y sin penalidad para los que se aprovechan indebidamente de un beneficio que tenía un objetivo que nadie verifica.
