En los últimos días el PRODUCE determinó la cuota del jurel para el presente año, lo que ha generado, como todos los años, comentarios positivos y negativos. Algunos quieren más cuota para la flota artesanal y otros quieren más cuota para la flota industrial. Se aduce que más cuota para esta última significa más pescado para el Perú.
Esto podría no ser tan exacto, en la medida que las exportaciones de jurel son altas y con toda seguridad más rentables que vender esa especie para el mercado peruano.
No se puede saber con exactitud, en la medida en que las estadísticas oficiales no muestran con precisión y detalle las cifras que permitan identificar el volumen desembarcado por tipo de flota, su destino, bien sea al congelado, curado o enlatado o al fresco. Tampoco se puede determinar cuánto se ha procesado en esas diversas presentaciones para evaluar finalmente cuánto se exportó y cuanto se vendió en el Perú.
La última estadística visible puede descargarse en los siguientes links:
El asunto es que bajo el modelo actual, el empresario es libre de vender su producto a quien quiera y como quiera. Las necesidades de alimentación de la población peruana, en especial la de bajos ingresos y la más necesitada de proteína, no son responsabilidad ni obligación de la empresa privada, sino que se supone son del Estado. Pero, nuevamente, bajo el modelo actual, el Estado no hace empresa ni puede obligar a los privados a comercializar ese recurso en el territorio nacional y menos imponerle el mercado final.
De aquí se pueden derivar muchas discusiones y argumentaciones; pero en términos reales y prácticos pareciera que a nadie le importa la alimentación nacional con proteína de origen hidrobiológico.
No nos extrañemos, entonces, que mucha gente de esa poblaciones vulnerables que no son atendidas, sean blanco fácil de un discurso radical que las lanza a la calle a manifestar, como vemos ocurre hace casi dos meses en el país.
La Pota
La 11.ª reunión de la Comisión SPRFMO (COMM11) se llevará a cabo en Manta, Ecuador, del 13 al 17 de febrero de 2023. Los proyectos de agenda provisionales estuvieron disponibles y se abrieron las inscripciones el 9 de noviembre de 2022.
La 10ª Reunión del Comité Técnico y de Cumplimiento (CTC10) tendrá lugar del 7 al 10 de febrero de 2023, mientras que la 10ª reunión del Comité de Administración y Finanzas (FAC10) tendrá lugar los días 9, 10 y 14 de febrero .
La agenda puede verse en el siguiente link:
Sería interesante conocer quienes conforman la delegación peruana que asiste, a ver si siguen yendo los mismos consultores externos de siempre, que fueron cuestionados en algún momento, así como saber cuál es la posición del Perú en los temas a tratar.
Ojo Público, periodismo independiente del Perú le pidió la agenda a PRODUCE y le respondieron que no podían darla porque significaba adelantar opinión. Pero también podría ser que no tienen opinión.
El reportaje completo puede verse el siguiente link:
En la ciudad de Manta (Ecuador), a 450 kilómetros del Perú, se dio inicio a las reuniones anuales de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur OROP-PS el día de hoy 7 de febrero de 2023. Por cierto, esta cita estaba programada hace 1 año y el Ministerio de la Producción lo sabía.
A pesar de ello, la delegación peruana no está presente y por lo tanto, no tiene la oportunidad de concertar con las diferentes representaciones acreditadas, temas tan importantes como la nueva cuota del recurso jurel y asuntos tan relevantes como la pesca de pota en alta mar. A pesar de haber tanto en juego, nuestros burócratas decidieron asistir de manera virtual, pasando totalmente desapercibidos, como es costumbre en estas reuniones internacionales. Mientras Chile viene haciendo lobby para aumentar su cuota de jurel que hoy es 65% (aspiran llegar al 70%) y China quiere seguir actuando impunemente en la pesca de pota, sin control de ninguna clase, la burocracia dorada de PRODUCE, se conforma con conectarse remotamente, a pesar de ser el país que más cerca está a la sede del evento.
No cabe duda que esta reunión será desastrosa para los intereses pesqueros del Perú. Sin embargo, sabemos quiénes son los responsables por su desinterés y por su falta de preparación. Esperemos que la Contraloría y el Congreso de la República sepa sancionar a los responsables políticos y legales de esta nueva muestra de incapacidad para regir los destinos de la pesca en el Perú.
