El aumento en el stock y la calidad de la infraestructura pública que permita cerrar la brecha de infraestructura difícilmente será logrado únicamente con inversión pública, sino que se requiere de la inversión privada, donde las asociaciones público-privadas son el mecanismo clave para canalizar dicho tipo de inversión.
Sin embargo, para que un proyecto de inversión en infraestructura sea atractivo para la inversión privada debe tener una viabilidad económico-financiera sostenida en una estructura de financiación de largo plazo, porque los ingresos se darán en el largo plazo y hay incertidumbre de que se logren los niveles de demanda adecuados.
Es decir, la financiación de un proyecto de infraestructura financiado con inversión privada requiere ser estructurada como un Project Finance, para asegurar que las bondades del flujo de caja del proyecto se convierta en la mayor garantía de que el inversionista privado va a recuperar su inversión.
La inversión privada se puede canalizar directamente a (i) proyectos de infraestructura al comprometer capital (equity), y (ii) proyectos específicos o empresas de infraestructura. Las inversiones pueden asignarse mediante SPV cotizados en la bolsa, tales como acciones de empresas de infraestructura cotizadas en bolsa, bonos del Estado y de empresas cotizados en bolsa, e inversiones en fondos de infraestructura cotizados; o mediante SPV no cotizados en bolsa, tales como transacciones de capital o deuda y aquellas realizadas a través de mercados privados o inversiones en fondos de infraestructura no cotizados.
Los tipos de fuentes financiación varían según el ciclo de vida del proyecto. En la fase de diseño, las fuentes suelen ser las entidades financieras quienes son los mas preparados para asumir los riesgos que involucran las operaciones de infraestructura complejas y para hacer frente a las asimetrías de información.
En las fases más avanzadas de la pre-inversión del proyecto, las fuentes suelen ser la emisión de bonos a largo plazo y el financiamiento de inversionistas institucionales -en particular los fondos de pensión, las cías de seguros y los fondos de inversión-. En tanto que, durante la etapa de construcción, cuando los riesgos son mayores, las fuentes suelen ser el equity y los préstamos bancarios (financiamiento de deuda extrabursátil). Y, en la etapa de operación del proyecto, las fuentes suelen ser los bonos del mismo proyecto, dado que los mismos pueden generar flujos de caja predecibles y por tanto los riesgos son menores.
Las asociaciones público – privadas permiten implementar todas las estructuras de financiación que facilitan la participación de los diferentes tipos de fuentes. Sin embargo, el diseño del acuerdo público privado entre el Estado y el inversionista es crucial para lograr que la decisión de inversión sea positiva.
En enero de 2023 más de 1.900 autoridades de gobierno regional y local (municipios provinciales y distritales) asumirá sus funciones. El reto mas grande que tendrán será cumplir con sus ofertas electorales, sin embargo, los niveles de recursos públicos actuales no les permitirán más que asegurar la continuidad operativa del aparato público.
Por ello, si las nuevas autoridades quisieran impulsar grandes infraestructuras sin financiamiento público lo recomendable sería que recurran a las asociaciones público-privadas no solo porque permiten la participación del sector privado sino porque además este último estará en las mejores condiciones para asegurar la sostenibilidad financiera y operativa de la infraestructura.
Para lograr ese propósito, las nuevas autoridades deberán crear las condiciones que favorezcan un clima de inversión adecuado que genere confianza y de señales de reglas claras a los inversionistas. Asimismo, deberán interesar a inversionistas privados a que presenten iniciativas de proyectos de infraestructura con participación publico privada.
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