Bancos deberán evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto

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Con el objetivo de evitar futuros conflictos con las poblaciones del área de influencia, ahora las entidades financieras peruanas estarán obligadas a evaluar los riesgos sociales y ambientales antes de financiar un proyecto.

Así lo establece una reciente normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual fija esta obligación a partir de marzo del 2016 para todos los proyectos que requieran de una inversión mayor a US$ 10 millones.

La norma de la SBS señala que la evaluación establecerá niveles de riesgo socio ambiental: bajo, medio y alto. De ser el último caso, la entidad financiera podría denegar el financiamiento del proyecto.

Además, la entidad financiera y el cliente también pueden acordar medidas de gestión en el corto y mediano plazo para reducir los niveles de riesgo.

Al respecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, ente impulsor de esta regulación que promueve ‘inversiones sostenibles’, saludó la medida tomada en el Perú, pues indica que ayudará a reducir los conflictos socioambientales.

“La idea es reducir los riesgos socioambientales con los estudios previos. Creo que será una ventaja tanto para las entidades financieras, para las empresas que hacen el proyecto como para la población en general”, señaló Marcos Brujis, director global de instituciones financieras de la IFC del Banco Mundial.

Agregó que este tipo de regulación ya se utiliza en varios países, a recomendación del Banco Mundial.

“Si yo mañana doy un crédito a una mina. Y esa mina en diez años contaminó a una población. Toda esa poblacion a venir a reclamar y toda esa ganancia que tuvo la empresa se irá en juicios y problemas sociales que dañarán la reputacion de la institución”, refirió Brujis.

Asimismo, descartó que se generen excesivos sobrecostos para las entidades financieras por realizar esa evaluación previa.

“Puede ser un costo en el corto plazo que se compensará en el largo plazo. Esta norma no la vemos como una barrera para las inversiones, sino como protección para que las instituciones no asuman riesgos de larga cola”, indicó.

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Redacción Alerta Económica

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