El presidente Lula da Silva ha presentado un drástico paquete de medidas destinadas a aumentar la regulación y control sobre la actividad de deforestación en la selva amazónica. Estas medidas incluyen sanciones más estrictas para aquellos que realicen esta actividad al margen de la ley, que se ha vuelto cada vez más exigente. Una de las principales acciones es la expansión de áreas de protección medioambiental en hasta 30.000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Bélgica, donde se prohíbe cualquier actividad de deforestación.
Estas decisiones tienen un impacto significativo en la economía y el empleo, ya que miles de puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con la deforestación y la exportación de madera se verán afectados. Algunos estados locales como Amazonas y Mato Grosso se verán particularmente afectados por estas disposiciones, ya que la deforestación no solo está relacionada con la producción y exportación de madera, sino que también permite el desarrollo de otras actividades como la minería y la producción de soja. Brasil es el mayor productor y exportador de soja a nivel mundial, y la utilización sostenible del territorio amazónico es fundamental para estos fines.
En línea con la agenda internacional, el gobierno ha manifestado su intención de prohibir completamente la deforestación en la Amazonía para 2030. Para ello, se propone la creación de un «centro de cooperación internacional» encargado de monitorear el comercio de madera y detectar cualquier violación a las regulaciones y prohibiciones establecidas.
Es importante señalar que, si bien el presidente Lula ha criticado la gestión de su predecesor, Jair Bolsonaro, en relación con la Amazonía, el gobierno anterior implementó la «Operación Verde Brasil», que tuvo como objetivo combatir crímenes y actividades ilícitas en la región amazónica. Esta operación se centró en la lucha contra la extracción ilegal de oro, el tráfico de personas, el tráfico de drogas y otros delitos relacionados.