Fitch Ratings emitió un nuevo informe sobre la situación crediticia de Perú en relación con su deuda a largo plazo. La agencia ha decidido mantener el nivel BBB para el país, aunque con una perspectiva negativa. Esta decisión se basa en varios factores, pero destaca la creciente incertidumbre política y los problemas de gobernanza que están afectando la inversión privada y, por ende, las perspectivas de crecimiento económico del país.
La perspectiva negativa de Fitch se fundamenta en la continua incertidumbre política que vive Perú y en el deterioro de la gobernanza, factores que han minado la inversión privada y están afectando las expectativas de crecimiento económico. Esta visión es compartida por otras agencias, como Moody’s Investor Services, que señala que Perú está en recesión económica. Por su parte, S&P ha realizado ajustes en sus previsiones, en gran parte debido a sorpresas en los resultados del PBI del segundo trimestre. Fitch también destaca que el contexto político actual podría dañar el potencial de crecimiento a mediano plazo del país y llevar a políticas más expansivas, lo que podría afectar la trayectoria fiscal de Perú en comparación con otros países con calificación ‘BBB’.
La calificación BBB de Fitch para Perú está respaldada por factores como una deuda pública moderada, una fuerte liquidez externa y un historial de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, hay limitaciones que incluyen una gobernanza débil, un ingreso per cápita y indicadores sociales por debajo del promedio ‘BBB’, y una alta dependencia de las exportaciones de materias primas. La agencia también señala que la presidenta Dina Boluarte y el Congreso enfrentan desafíos de gobernabilidad y falta de apoyo popular, lo que afecta las perspectivas de reforma.
La incertidumbre política y los problemas de gobernanza en Perú tienen implicancias profundas para el futuro económico del país. La disminución de la inversión privada y las perspectivas de crecimiento reducidas pueden llevar a un estancamiento económico prolongado. Además, si no se abordan estos problemas, podrían surgir desafíos aún mayores en el futuro, como la falta de aprobación de reformas clave en el Congreso y la posibilidad de que proyectos de inversión importantes queden estancados. Es esencial que se tomen medidas para restaurar la confianza y estabilizar la situación política y económica, especialmente considerando la proximidad de las elecciones generales de 2026.