La Comisión Especial que representa al Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión, precisó que el laudo final del CIADI desestimó la pretensión de Gramercy, que ascendía a US$ 1.800 millones por los bonos agrarios de la década de 1970 y determinó que sólo se debe pagar US$ 33,22 millones más intereses a partir de 2009.
Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holding LLC, adquirió de nacionales peruanos miles de Instrumentos de Pago entre 2006 y 2008, más de 30 años después del otorgamiento a los acreedores originales, y luego de la firma del APC Perú-EEUU. Es decir, limitó el monto de compensación al precio histórico que habría pagado Gramercy.