El presidente Vizcarra eligió el “Día del Ambiente” para paradójicamente atentar contra uno de los pocos bastiones estatales de defensa de nuestros recursos naturales, al dar por concluida la designación del director ejecutivo de la autoridad forestal peruana SERFOR, Alberto Gonzales-Zúñiga, a través de una resolución suprema que esgrime como causa una “pérdida de confianza”. Un contrasentido, puesto que no se trata de un cargo político ni de confianza, puesto que SERFOR es un organismo autónomo y técnico, cuyo director ejecutivo depende de su Consejo Directivo, el cual en este caso fue olímpicamente pasado por encima.
El cese de Gonzales-Zúñiga es un duro golpe a la institucionalidad y gobernanza del sector forestal, pues su designación era por un período de 5 años y se hizo por concurso público de méritos avalado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), lo que ha permitido imprimir independencia y continuidad a la gestión de ese importante organismo.
Este atentado contra la institucionalidad del sector forestal es más grave aún, por cuanto el cargo de director ejecutivo de SERFOR (como otros cargos a nivel de vice ministro o ministro) es muy apetecido por quienes lucran con el tráfico, blanqueo y exportación de madera ilegal, así como con el tráfico de tierras y fauna silvestre. La captura de organismos, despachos de asesores y mesas vinculadas al tema forestal es uno de sus deportes favoritos.
Una eventual captura del SERFOR por parte de esos grupos, daría rienda suelta a una extracción masiva de árboles sin trazabilidad, así como al blanqueo de la madera talada ilegalmente, con el visto bueno de funcionarios y autoridades, contra el pago de cupos. Si hay resistencia en alguna autoridad se busca cómo sacarla de en medio, como ha sucedido con la cabeza de SERFOR. La resistencia de los nativos se combate directamente con el asesinato o el amedrentamiento.
A principios de marzo la Viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Paula Carrión, ya le había pedido a Gonzales-Zuñiga su renuncia sin mayor justificación, aunque era obvio que la presión venía de empresas exportadoras de madera blanqueada, que se oponen obsesivamente a que SERFOR realice una labor efectiva de control de la tala ilegal y el blanqueo de la madera, mediante la falsificación de permisos.
Es un hecho que durante su gestión en el Minagri se ha propiciado el cambio de uso de los suelos de vocación forestal para favorecer su utilización con fines agrícolas o para plantaciones de monocultivos depredadores de la biodiversidad de la Amazonía, como la palma aceitera.
Dado que los bosques de las zonas más accesibles ya han sido depredados, la idea es penetrar a zonas más lejanas con miras a extraer especies mejor cotizadas. Para lo cual el Minagri viene promoviendo el otorgamiento de 15 millones de hectáreas forestales más en concesiones que servirán para expandir la extracción ilegal y favorecer las plantaciones de especies exóticas como la palma aceitera, que se instalan tras haber talado y “limpiado” el terreno, generando una ingente pérdida de recursos de biodiversidad.
La Mesa Forestal que lidera el Ministerio de Economía, paradójicamente, ha venido favoreciendo la asignación de recursos para construir caminos asfaltados hacia destinos sin centros poblados, para promover la penetración a zonas más lejanas. También ha restringido el presupuesto y la acción de control de SERFOR y de fiscalización a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Forestales, Y promueve normas con el supuesto afán de reprimir la deforestación, pero que en el fondo la han profundizado, más aun, durante el estado de emergencia.
Cada sol que el Estado invierta en luchar contra la tala ilegal y a favor de la reforestación les rendiría a los peruanos un ahorro multiplicado por mil, en pérdidas de vidas, puestos de trabajo y producción. Solo manteniendo nuestra biodiversidad biológica se podrá equilibrar la distribución de la carga vírica entre diversas especies, evitando nuevos brotes pandémicos.
En medio de la pandemia del Covid-19 el Perú está dando el triste espectáculo ante el mundo entero al debilitar la institucionalidad del sector que permitiría contribuir a defender la biodiversidad y contener la ocurrencia de más pandemias. Aún está a tiempo el presidente Vizcarra de enmendar el error y aprovechar esta crisis institucional para dar un viraje de 180 grados en la paupérrima política ambiental, forestal y agrícola de su gobierno.
