El posible candidato fujimorista por el partido Avanza País, Hernando de Soto, ha cambiado su propuesta respecto a cómo resolver los conflictos sociales en torno a la explotación de recursos naturales. Cuando aún no hacía explícita su aspiración de candidatear a la presidencia, decía que la gran solución era entregarle a las comunidades nativas y campesinas la propiedad del suelo y el subsuelo, al estilo norteamericano. Ahora dice que para resolver los conflictos sociales ya no es necesario entregarles dominio sobre el subsuelo, donde yacen los recursos naturales, sino hacer que su propiedad sobre el suelo pueda cotizarse internacionalmente “como se cotizan los minerales”. Y añade: “Es que el mercado internacional pide control sobre el subsuelo, y sí lo hay, pero también pide control sobre el suelo y no lo hay. Entonces el mercado internacional se desilusiona.”
Los conflictos sociales ya no obedecerían a que la propiedad esté escindida y el propietario del suelo no es el propietario del subsuelo, sino a que los propietarios del suelo son los indeseables a los que los sujetos de deseo deben desaparecer. Se trata de una guerra fría y silenciosa declarada contra los pobres, no por ser pobres, sino por ser indígenas y pensar como indígenas.
En buena cuenta, hay que ilusionar al mercado internacional. ¿Pero cómo?: individualizando la propiedad de la superficie, para que sea puesta en venta a transnacionales de la agroexportación, en un mercado internacional de títulos. Entonces los conflictos sociales desaparecerán, al extinguirse las comunidades nativas y campesinas, al no poder resistirse cada comunero a la tentación de recibir un pago algo jugoso por su tierra, pero no tan jugoso como el que hubiera recibido si detentaba la propiedad del suelo y el subsuelo, como era la propuesta del aspirante a candidato hasta antes de ingresar a la arena electoral.
Y añade: “No hay que crear una soberanía sobre la superficie y otra sobre el subsuelo. Luego vienen las ‘banderas verdes’ y te dicen ‘tierra o muerte’, cuando en realidad es ‘tierra o dólares’.” O sea, con plata baila el mono, así sea un mero revoltoso radical o un genuino defensor de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Además, ahora ya no tendrán que negociar con una jauría sino con vendedores individuales sin mayor poder de negociación.
El concesionario minero o de hidrocarburos podrían así comprar esas tierras o asociarse con grandes transnacionales de la agroexportación. Ustedes tienen títulos imperfectos -les dice- y de ser presidente yo se los voy a perfeccionar y así ustedes podrán explorar a sus anchas, sin ninguna resistencia del dueño de la superficie respecto a posibles impactos ambientales.
En este esquema la promoción de la inversión privada ya no la haría el Estado sino promotores privados. El Estado jugaría un rol meramente subsidiario y regulador de los acuerdos de negocios entre las empresas que explotan los recursos naturales y los nuevos inversionistas.
En mi artículo de la semana pasada (“El Misterio del Capital Humano”) sinteticé los resultados de diversos estudios realizados en Asia y América Latina que demuestran que la mera entrega de títulos de propiedad de la tierra a los pobres (sean migrantes urbanos, agricultores o comuneros), lejos de haber sido una panacea desarrollista y de acceso al crédito más bien suele haber sido fuente de grandes males, como el tráfico de terrenos, la expansión caótica de las ciudades, la captura de los beneficios por parte de élites, la mercantilización de tierras en áreas de protección ambiental, la subutilización de áreas agrícolas, etc.
En el caso específico de las tierras vinculadas a la explotación de recursos naturales, para resolver los conflictos sociales entre concesionarios de yacimientos y comunidades nativas o campesinas, no es necesario cambiar el tablero del ajedrez sino jugar la partida con reglas de juego más simples, pero que garanticen un desarrollo equilibrado y beneficioso para todos.
Tómese nota de que Naciones Unidas ya considera como principios rectores que las tierras y territorios de los pueblos indígenas deben ser reconocidos jurídicamente, demarcados y protegidos de presiones externas, que los pueblos indígenas tienen derecho a tierras usadas tradicionalmente, y que los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales en sus tierras aun en países en donde los derechos al subsuelo y a los recursos naturales pertenecen jurídicamente al Estado.
En lugar de nadar contra esta corriente, hay que innovar las instituciones. Por lo pronto, les propongo a comuneros y campesinos, también a empresas mineras, petroleras y gasíferas: en lugar de organizar un tremendo quilombo propietario para hacer polvo de un supuesto enemigo, júntense en torno a la creación de un Fondo de Fideicomiso de Desarrollo Integral a través del cual se financie proyectos que den forma a un cluster agroindustrial, forestal, turístico y minero metalúrgico en el área de influencia de cada concesión.
Dicho fondo sería financiado con recursos del canon, las regalías, derechos de superficie o de servidumbre y cuotas de inversión de la misma concesionaria, bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Ese mismo fondo invertiría en el negocio minero dándole una participación a la comunidad.
Esto supone revisar la Ley del Canon, leyes de regalías, etc. También supone que las empresas concesionarias cambien su enfoque de “responsabilidad social” inspirada en una filantropía marginalista ajena a la maximización de utilidades, por un enfoque de creación de valor compartido, inspirado en un verdadero ponerse los zapatos de la comunidad y un entendimiento de sus aspiraciones y su cultura.
La interculturalidad y el rompimiento de barreras culturales como premisa de acción empresarial orientada al desarrollo sostenible. Eso es mucho más simple que tratar de deshacer la identidad cultural de los pueblos del Perú tratando su propiedad de la tierra como si fueran fichas de un casino en Las Vegas.
