El Congreso de la República ha tomado la decisión de derogar la Ley 31876, una normativa que tenía como objetivo regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Esta ley, propuesta por la Contraloría General de la República en diciembre de 2021, buscaba mejorar la calidad, costo y plazos de las obras ejecutadas bajo esta modalidad, estableciendo un límite de 50 UIT, equivalente a S/ 247.500, para las obras que se podrían llevar a cabo mediante administración directa.
La administración directa es una modalidad que permite a las entidades públicas desarrollar inversiones con infraestructura utilizando sus propios recursos, personal técnico, equipos y maquinaria. La Contraloría había alertado sobre la falta de un marco regulatorio adecuado para esta modalidad, lo que podría comprometer la calidad, oportunidad y costos de las inversiones. Según datos de la Contraloría, entre 2018 y 2021, se llevaron a cabo 58.212 proyectos de inversiones, de los cuales el 42% se ejecutó por administración directa.
La derogación de la Ley 31876 por parte del Congreso refleja las tensiones y desafíos en la gestión y regulación de obras públicas en el Perú. Si bien la ley buscaba establecer controles y límites para garantizar la eficiencia y transparencia en la ejecución de obras, su derogación podría abrir la puerta a posibles irregularidades y falta de supervisión. Es esencial que se establezcan mecanismos claros y efectivos para garantizar que las obras públicas se realicen de manera eficiente, transparente y en beneficio de la población.