El Consorcio conformado por Odebrecht y Graña y Montero, presentó una solicitud de arbitraje ante las Naciones Unidas contra el Gobierno Regional de La Libertad por dar por terminado su contrato de concesión. Previamente, el Ciadi rechazó similar solicitud argumentando que el demandante “pertenece a personas jurídicas cuya nacionalidad no es parte del convenio Ciadi”.
El Consorcio comunicó su intención de iniciar un proceso de terminación anticipada del contrato, responsabilizando al Gobierno Regional del incumplimiento del cierre financiero del proyecto. Asimismo, el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, declaró “la firme decisión de resolver el contrato porque ha incurrido en actos de corrupción, además de no haber garantizado el cierre financiero para la inversión de cerca de US$ 350 millones”.