Pedro Castillo ganó la presidencia de la república con una votación aluviónica esperanzada en su promesa de luchar contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, la pobreza y la depredación del medio ambiente. Sin embargo, en los casi 6 meses que lleva en el gobierno las señales de corrupción e inseguridad ciudadana se han agudizado tremendamente, mientras hasta ahora no se percibe ningún plan consistente para combatir de manera sostenible la pobreza y la depredación del medio ambiente.
Ocupémonos del reto ambiental y la brecha entre el discurso y la cruda realidad, a nivel global y en el Perú. Pero ocupémonos en serio, sin demagogia; sin echarle la culpa a un solo sector de todos los males ambientales. Para empezar, todos somos co-responsables, porque la contaminación de la atmósfera en gran medida es provocada por la actividad humana, siendo una de las principales causas del cambio climático.
Los hogares generan una huella ecológica por la exigencia que ejercen sobre los recursos del planeta para satisfacer sus necesidades. Si se lograra cambiar la distribución del ingreso y la riqueza de manera que se pudiera satisfacer plenamente las necesidades de la población mundial, se necesitarían 1,7 planetas; un imposible que revela la necesidad de cambiar el orden mundial, desde una perspectiva más amplia que la redistributiva, integrando el cambio de los patrones de producción y consumo.
La quema de combustibles fósiles, la industria ganadera y la deforestación figuran entre las actividades económicas que más vienen contribuyendo al aumento de la temperatura global. Entre el 60 y el 70% del total mundial de emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la generación de energía, por lo cual urge la sustitución progresiva de las fuentes fósiles por fuentes renovables no convencionales, como la energía eólica y solar.
El sector transporte es altamente responsable de la producción de gases de efecto invernadero, siendo la aviación la actividad de mayor ratio de emisión por pasajero. Aunque a simple vista no parece, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, por la cantidad de químicos que insume, mientras que el sector agroalimentario produce un cuarto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo la producción de carne de res lo más contaminante.
Cada año la agricultura y la ganadería generan cerca de 5000 millones de toneladas de CO2, mientras que la reconversión forestal natural en plantaciones de monocultivos de especies forestales (como la palma aceitera) o de agricultura extensiva (soya y piensos para la ganadería) produce otros 4000 millones.[1]
Sólo en el Perú las plantaciones de palma aceitera pasaron de alrededor de 20 mil hectáreas a inicios de los 2000, a más de 90 mil en 2020, calculándose unas 30 mil hectáreas de bosques perdidos a causa de plantaciones de palma aceitera.[2]
Cabe resaltar que, más allá de que las plantaciones de palma se establezcan mayormente en zonas previamente deforestadas o no, las emisiones directas de gases de efecto invernadero no solo provienen de la vegetación tumbada, sino que en gran medida proceden de la materia orgánica que pierde el suelo. Los monocultivos tumban y aplanan previamente las áreas boscosas, por lo que las plantas que allí habitaban mueren y los animales ya no cuentan con el ecosistema en el que vivían.[3]
Por todo ello, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) se ha convertido en un reto clave para la mayoría de países y empresas. De hecho, el acuerdo N°5 de la última conferencia mundial sobre el cambio climático realizada en Glasgow (COP26, Gran Bretaña) plantea como objetivo conjunto poner fin a la deforestación en 2030. No obstante, la mayoría de expertos lo considera como simple letra muerta.
Roger Rumrill remarca que, entre los 100 países que firmaron la declaración de Glasgow sobre bosques y el buen uso de la tierra y se comprometieron a conservar los bosques, promover el desarrollo, la producción y consumo sostenibles de productos -entre ellos Brasil, Colombia y Perú-, todos tienen una alta tasa de deforestación ilegal. Brasil es el peor ejemplo: Bolsonaro ha saboteado y hecho tabla rasa de todas las normas ambientales y de protección del bosque amazónico.[4]
Para Rumrill, la amplia brecha entre el compromiso asumido por los países y sus políticas nacionales se explica por el lobby de agentes poderosos para crear áreas protegidas sin nativos, pero con guardaparques armados para proteger grandes plantaciones de monocultivos, en una concepción de la naturaleza como si se tratara de un territorio que no es espacio vital inseparable de las culturas, los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades que la cuidan y que se ven a sí mismas como parte intrínseca de ella.
En 2020 el Perú perdió 190 mil hectáreas de bosques en la Amazonía, acumulando más de 12 millones de hectáreas deforestadas, frente a los 77 millones de hectáreas perdidas entre 2013 y 2019 en América Latina, el sudeste del Asia y África. Afirma Rumrill que aproximadamente el 90% de la madera exportada por el Perú y la de consumo nacional tienen origen ilegal. Además, al menos el 80% proviene de extracciones ilegales de bosques comunales, según estudios que ha realizado en Purús, Yurúa y otras zonas de la Amazonía.[5]
[1] Según la FAO los gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca han aumentado un 200% en las últimas cinco décadas y podrían subir 30% más hacia 2050 si no se toman medidas apropiadas.
https://www.eltiempo.es/noticias/los-5-sectores-que-mas-emisiones-de-co2-producen-al-planeta
[2] Ernesto Ráez “Journal of Rural Studies”. Citado por Ojo Público, 16 Octubre 2021. “Los riesgos ambientales del monocultivo de palma”. https://ojo-publico.com/3024/los-riesgos-ambientales-del-monocultivo-de-palma
[3] “Riesgos de deforestación planteados por la expansión de la palma aceitera en la Amazonía peruana”, “Environmental Research Letters”. Citado por Ojo Público, Ibid.
[4] Roger Rumrill, “La primera batalla ganada a la masiva deforestación amazónica post COP26”, Otra Mirada:
[5] “La comunidad nativa -con frecuencia solo el apu y sin la debida consulta a la asamblea- otorga el permiso forestal a una empresa maderera que, a cambio de un pago, hace y deshace con el bosque comunal. La otra fórmula, que el informe no señala y que también hemos investigado en el Putumayo, es cuando una comunidad otorga a una empresa maderera la gestión del título comunal, incluyendo costos del trámite y pago de titulación, y luego la empresa maderera se hace dueña del recurso forestal a cambio del título gestionado, contando, con frecuencia, con la colusión de funcionarios del Estado.” Rumrill, Ibid.
