El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo debido a que encontraron graves indicios de una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas.
Los delitos contra Pedro Castillo son de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda. La denuncia se sustenta en el descubrimiento de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave y cobro de coimas en licitaciones.