Escribo estas líneas como ciudadano que le tocó vivir el ascenso, decepción y debacle del régimen socialista iniciado por Velasco el 3 de octubre de 1968 y que culminó con la elección de Alberto Fujimori en 1990.
Escribo también como economista que contribuyó con su grano de arena a la consolidación del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993, gracias a la cual el Perú ha vivido un cuarto de siglo de prosperidad.
Esta crónica se inicia el 28 de julio de 2011 con la juramentación de Ollanta Humala como presidente del Perú por la Constitución de 1979 y no por la vigente de 1993, lo que motivó las airadas protestas de los legisladores fujimoristas. Sus dos vicepresidentes, Marisol Espinoza y Omar Chehade, juramentaron con palabras similares. Los constitucionalistas de esa época avalaron el comportamiento de Humala aduciendo que la mención a la Constitución de 1979 era sólo un acto simbólico del mandatario y sus vicepresidentes.
Si para los constitucionalistas fue un acto simbólico, no lo fue así para los inversionistas que redujeron o paralizaron sus inversiones e iniciaron la desaceleración de la economía que hasta ese entonces era considerada como el “milagro económico peruano” a nivel regional.
Fiel a su juramento Humala y su primer ministro, el izquierdista Salomón Lerner, rápidamente comenzaron la labor de copamiento de todas las instituciones con elementos de izquierda. Las divergencias entre los elementos extremistas del gabinete y los moderados no tardaron en salir a flote.
La suspensión del proyecto minero Conga fue el detonante. El gabinete Lerner fue sustituido por el gabinete Valdés seguido por el gabinete Cateriano; todos ellos cedieron a los intereses personales de la primera dama. La suspensión de Conga fue otro mensaje de alerta a los inversionistas que continuaron frenando sus inversiones y propiciando la desaceleración de la economía.
COPAMIENTO INSTITUCIONAL
Si bien la dimisión del gabinete Lerner generó una interrupción de la intervención directa de la izquierda en el poder, el copamiento de las instituciones con elementos de izquierda continuó a pasos acelerados. La burocracia estatal creció exponencialmente generando un crecimiento excesivo del gasto corriente en desmedro del gasto en capital. El número de empleados del Estado se elevó de 700,000 a 1’200,000. Se expandieron los programas de transferencias monetarias como elemento central del combate a la pobreza, convirtiendo rápidamente los superávits fiscales del pasado en recurrentes déficits que revirtieron la tendencia decreciente de la deuda pública como porcentaje del PBI en una espiral que ya amenaza nuestra calificación crediticia internacional.
Una a una las instituciones públicas fueron cayendo en manos de los de izquierda. El Poder Judicial dominado por una terna de autodenominados socialistas, el Ministerio Público, la Contraloría y la Fiscalía de la Nación. Se modificaron las reglas para elegir miembros del Tribunal Constitucional, nombrándose 4 magistrados con dudosos antecedentes, pero con una autodeclarada ideología socialista que hasta la fecha se mantiene, a pesar de haber culminado su mandato constitucional.
En paralelo al copamiento de las instituciones las perforaciones al modelo económico de la Constitución de 1993 fueron en aumento. Se autorizó la a toda vista antieconómica remodelación de la refinería de Talara, se otorgaron sucesivos incrementos antitécnicos del salario mínimo, se universalizaron los sistemas no contributivos de pensiones y salud, se rigidizó el mercado laboral, se sobrerreguló la economía con la creación innecesaria de superintendencias que crearon una maraña de trabas burocráticas y ambientales que progresivamente paralizaron y luego hicieron retroceder los niveles de la inversión privada. Y todo ello mientras se llenaban los bolsillos con el producto de la corrupción a vista y paciencia de una prensa sumisa que, ahora sabemos, participaba del botín fiscal.
OPORTUNIDAD PARA CORREGIR
En estas circunstancias, las elecciones de 2016 ofrecían una brillante oportunidad de corregir el rumbo y retomar el derrotero del modelo económico consagrado en la Constitución. El pueblo así lo entendió otorgando una amplia mayoría en la votación a representantes al Congreso alineados al modelo económico (Fuerza Popular y PpK). Lamentablemente, PPK en su afán de ganar la segunda vuelta electoral firmó el pacto infame con la izquierda, sembrando la semilla que, al germinar, ha llevado, como lo escribe Jaime Althaus “… [a] constatar cómo las convicciones democráticas y constitucionales se adecuan a las conveniencias políticas del momento. Políticos, periodistas y hasta constitucionalistas que creíamos firmes defensores del orden constitucional, de pronto encuentran toda clase de razones para justificar o constitucionalizar una medida dictatorial”.
El ala caviar de PpK y la representación de izquierda en el Congreso se han encargado de evitar el desmontaje del copamiento de las instituciones y para ello cuentan con el incondicional apoyo del aparato mediático. El fujimorismo inmerso en sus contradicciones no ha sabido utilizar el poder que le otorgaron las urnas para desmontar el copamiento de las instituciones. Solo ha logrado neutralizar la presencia de la izquierda en el Banco Central de Reserva cuyos directores, dicho sea de paso, no se han pronunciado sobre el golpe de Estado perpetrado por Martin Vizcarra.
La forzada renuncia de PPK a la presidencia, propició el ascenso al poder de Vizcarra que hábilmente manipuló a Fuerza Popular y a APP a través de los tristemente célebres Salaverry y Villanueva. Una vez consolidado en el poder, la semilla sembrada en el pacto de PPK con la izquierda dio sus frutos.
El copamiento de las instituciones por la izquierda se ha mantenido y se manifiesta ahora con sus pronunciamientos a favor del golpe de Estado. En el colmo de la desfachatez, cuatro miembros del Tribunal Constitucional, directa o indirectamente, han adelantado opinión sobre temas de su competencia sabiendo que su mandato está cumplido. El nuevo primer ministro del gobierno de facto es un autodeclarado socialista que tan solo dos meses atrás se expresó a favor de la vuelta de las empresas públicas. Es evidente la inclinación estatista del gobierno de Vizcarra. Estas no son buenas señales para la ya alicaída economía peruana.
MEDIDAS POPULISTAS
¿Qué nos espera hasta el 2021? La reconocida ineptitud para gobernar de Vizcarra saldrá a flote con el gabinete mediocre que lidera el socialista Zeballos. Nadie de reconocido prestigio ha querido aceptar ser miembro de un presidente de “facto”. Esto forzará al Gobierno a tomar medidas populistas en el corto plazo, como incrementos del sueldo mínimo y mejoras salariales para los empleados públicos. El deterioro de las cuentas públicas se hará evidente, así como el mayor debilitamiento de empresas privadas que cada vez enfrentan mayores retos. En un escenario de desaceleración de la economía mundial, difícilmente se cumplirán las metas de crecimiento planteadas en el presupuesto. El Banco Central tendrá que redoblar sus intervenciones para evitar una depreciación del sol.
En este contexto, el Gobierno por todos los medios buscará obtener un resultado favorable en las elecciones, contando con la ayuda de las encuestas manipuladas y la prensa comprada con publicidad estatal. El objetivo será obtener una representación que sumada a la representación de la izquierda consiga una mayoría congresal que convalide su mandato y propicie una mayor representación de la izquierda en el nuevo Congreso que, sumada a la amenaza de una nueva disolución del Congreso con cualquier pretexto, podrá permitir cambios en la Constitución de 1993, sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Ese será el camino que nos hará volver el Estado socialista engendrado por la dictadura de Velasco, incluyendo, probablemente, la reelección presidencial y congresal como hemos visto en Venezuela y Bolivia. Estamos avisados.
