La política migratoria del presidente Joe Biden ha generado una crisis fronteriza histórica que no sólo tiene implicaciones sociales y de seguridad nacional, sino que también afecta a la economía. La inmigración ilegal, a diferencia de la inmigración legal y ordenada, genera costos significativos para los contribuyentes estadounidenses en términos de gastos imprevistos de asistencia social, aplicación de la ley y justicia penal, reparaciones por daños a la propiedad, evasión fiscal, sobrecostos en educación y atención médica, entre otros. Estos costos recaen tanto en los contribuyentes nativos como en los inmigrantes legalmente establecidos.
Según la Fundación Heritage, en 2022 solo en el estado de Illinois los costos fiscales de la inmigración ilegal alcanzaron los US$ 4.590 millones, en Texas se desembolsaron hasta US$ 8.880 millones y en California las autoridades tuvieron un gasto de US$ 21.760 millones como resultado de la inmigración ilegal. Solo en estos tres estados, el costo total ascendió a US$ 35.230 millones para el cierre del año fiscal 2022.
El presidente Biden eliminó la aplicación efectiva de hasta 89 disposiciones de la ley de inmigración interior y fronteriza, reformada por la administración Trump, lo que redujo el número de inmigrantes ilegales detenidos de 11.000 a 3.000 por mes (la cifra más baja registrada desde 1999 a pesar del aumento demográfico en el saldo migratorio). Esta decisión ha incrementado significativamente los costos fiscales para los contribuyentes.
EEUU enfrenta los costos fiscales más altos de la inmigración ilegal, pero apenas puede beneficiarse de ella. La oferta laboral del país ha estado prácticamente estancada desde el 2000, ya que las sucesivas recesiones (2001-2002, 2008 y 2020) no han podido compensarse con las posteriores recuperaciones económicas.