De aprobarse esta propuesta se estaría violentando severamente el mercado laboral al incrementarse injustificadamente el costo de contratación. Según el Ejecutivo, la idea sería ajustar anualmente la RMV mediante un concepto extraño denominado “inflación total efectiva”, lo que permitirá resguardar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
En un país en el que el 80% de la población ocupada es informal, modificar la RMV no tiene resultados apreciables y más bien lo que se generaría sería un mayor riesgo para aquellos trabajadores que cuentan con empleos formales, pues las empresas en que laboran podrían quebrar ante la imposibilidad de cubrir los nuevos costos salariales en épocas de crisis.