Los hechos que condujeron a la investigación que se menciona más adelante, fueron los que determinaron la necesidad de una reestructuración del IMARPE, la cual fue dispuesta con el Decreto de Urgencia 015-2020, que sigue sin ser cumplida por el Ministerio de la Producción.
La investigación iniciada en 2019 sigue abierta y los funcionarios comprometidos, pese a ello, siguen en funciones en sus puestos.
En medio de esta situación de incumplimiento, el día 22 de junio 2023 se ha designado a cuatro directores, con la RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA N° 116-2023-IMARPE/DEC
El designado como Director General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, tiene diligencia fiscal por presunto lavado de activos.
También se dio por concluida la designación del Gerente General, con la resolución de dirección ejecutiva científica N° 115-2023-IMARPE/DEC
En el contexto actual de suspensión de la primera temporada de anchoveta 2023, y las expectativas de su pesca durante este año, la opinión del IMARPE es fundamental y decisiva. En consecuencia, la Nación y la pesquería peruana merecen una institución científica transparente, limpia y sin cuestionamientos, que garantice que las decisiones políticas que toma el Ministerio de basen en información científica incuestionable.
Los hechos descritos en los párrafos anteriores y los que se muestran a continuación, sugieren que las decisiones que tome del Ministerio de la Producción no serían lo transparentes que se requieren y generan más dudas y preguntas.
¿Por qué el Ministerio decide persistir en mantener sombras y dudas sobre su ente científico al insistir en no cumplir el mandato del Decreto de Urgencia 015 y mantener a funcionarios investigados en el ejercicio de cargos importantes y relevantes para la administración de la pesquería?
Más información en la siguiente entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=5BaqtGfN2pM
“La fiscalía archivo investigación a funcionarios de IMARPE acusados de falsear datos de anchoveta para beneficiar a pesqueras en 2021.
”Después de más de un año y medio de investigación, la Fiscalía del Callao consideró que los audios y documentos entregados por un trabajador del Imarpe no prueban que funcionarios de esa entidad del Estado manipularon las cifras del stock de la anchoveta para que el Ministerio de la Producción establezca una cuota de pesca que beneficie a las empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería. El ingeniero que denunció la adulteración de datos advierte que el magistrado no ha escuchado las grabaciones ni valorado la abundante información científica que le entregó. La Procuraduría Anticorrupción apeló el fallo del Ministerio Público que archiva la investigación.
A pesar de los audios y documentos que sustentan la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción sobre la adulteración de cifras del stock de anchoveta por funcionarios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), para beneficiar a la industria pequera, el Ministerio Público concluyó que no se ha podido acreditar un delito y archivó la investigación que inició en marzo de 2020, tal como figura en la resolución fiscal a la cual accedió Convoca.pe.
Ante ello, el procurador regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, presentó una apelación para que la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao confirme o no el archivamiento de la denuncia.
Los funcionarios del Imarpe denunciados son Renato Carol Guevara Carrasco, director ejecutivo científico; Pedro Ramiro Castillo Valderrama, director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; Luis Ángel La Cruz Aparco, especialista de la Dirección General de Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; y Miguel Ángel Ñiquén Carranza, director general de Investigaciones de Recursos Pelágicos. Este último falleció el 21 de julio de 2021.
La Fiscalía inició la investigación tras la denuncia formulada por la Procuraduría Pública Anticorrupción, el 28 de febrero de 2020, contra los cuatro funcionarios del Imarpe por la presunta adulteración de la información obtenida del Crucero de Evaluación Hidroacústica, realizado del 29 de setiembre al 15 de noviembre de 2019 entre Tumbes y Tacna.
La procuraduría sospecha que el presunto falseamiento de los datos se habría hecho con el objetivo de que la medición de la biomasa de anchoveta figure con una cifra mayor a la real. Así, las empresas dedicadas a la pesca industrial, agrupadas en la Sociedad Nacional de Pesquería, podrían generar mayores volúmenes de captura en detrimento de la sostenibilidad del recurso.
En octubre de 2020, esta denuncia fue acumulada con otra que presentó la Procuraduría del Ministerio de la Producción, luego de que la entonces ministra Rocío Barrios se enterara de irregularidades para la determinación de la biomasa de la anchoveta.
Según la denuncia del ministerio, funcionarios del Imarpe no verificaron que se realice una investigación científica adecuada para cuantificar el stock de este recurso y constatar que el cálculo sea correcto. Además, se señala que hubo un atentado contra el equipo informático de dicha entidad, que fue formateado por una persona no autorizada.
El procurador regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, apeló el archivamiento de la denuncia contra las funcionarios del Imarpe».
Fuente:
Fiscal inicia investigación por lavado a funcionarios de IMARPE en noviembre 2022
Decisión. Autoridad busca determinar si personal del Instituto del Mar del Perú resultó beneficiado económicamente, después de “inflar” la dimensión de la biomasa de anchoveta, lo que favoreció a las empresas dedicadas a la producción de harina de pescado.
El fiscal Mark Alata Fernández inició investigación por presunto lavado de activos a cuatro empresas pesqueras, dos funcionarios y un servidor del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).
Los involucrados son el director ejecutivo científico de IMARPE, Renato Guevara Carrasco; el director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama; y el servidor Luis La Cruz Aparco, del Área Funcional de Hidroacústica.
Las compañías relacionadas con el caso son Pesquera Diamante, CFG Investment, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) y Pesquera Exalmar.
En 2020, la Procuraduría del Ministerio de la Producción (Produce) denunció penalmente que el personal de IMARPE manipuló información sobre las dimensiones de la biomasa de anchoveta con la finalidad que las autoridades de Produce autorizaran una cuota sobredimensionada de la especie, y así favorecer a la industria de harina de pescado.
Una investigación de La República también obtuvo la versión de testigos de IMARPE que documentaron vínculos de personal de este organismo con empresas pesqueras, a las que filtraban información sobre sus actividades reservadas, como el proceso de medición de la biomasa de anchoveta.
Los funcionarios involucrados de IMARPE informaron a las autoridades de Produce que la biomasa de anchoveta alcanzaba los 8.3 millones, por lo que recomendaron una cuota de pesca de 2.8 millones de toneladas para la segunda temporada de 2019. La verdadera dimensión de la biomasa era de un promedio de 4 millones de toneladas.
La Procuraduría Anticorrupción también se sumó al caso y requirió a la Fiscalía Provincial de Turno del Callao que inicie las pesquisas correspondientes. Sin embargo, el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Óscar Vite Torre, resolvió archivar la investigación por supuesta ausencia de pruebas. Lo cierto es que no se tomó la molestia de prestarle atención a los audios aportados por los testigos, entre otra abundante información incriminatoria.
El procurador del Callao en materia de corrupción de funcionarios, Engie Herrera, apeló la decisión del fiscal Óscar Vite. Entre otras razones, porque no valoró el incidente que denunció Produce cuando hizo una inspección a IMARPE y detectó la manipulación de información relacionada con la medición de la biomasa de anchoveta.
Incluso uno de los principales testigos, el ingeniero Miguel Flores Huamán, declaró que el director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama, y el coordinador del Área Funcional de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta, lo presionaron para que confesara si él había sido quien filtró a la entonces ministra del Produce, Rocío Barrios, la información sobre la manipulación de datos sobre la biomasa de anchoveta. Castillo y Romaní actuaron por órdenes de Renato Guevara.
Sin embargo, por haber contribuido a las investigaciones, el ingeniero Miguel Flores fue sometido a un proceso administrativo disciplinario con la intención de despedirlo.
De acuerdo con la resolución fiscal, existen suficientes indicios de la presunta conducta ilícita de los funcionarios de IMARPE, por lo que amerita determinar los beneficios económicos que obtuvieron las empresas pesqueras mencionadas con la determinación inflada de la biomasa de anchoveta y así incrementar la cuota de pesca de dicha especie.
“Se desprende que los funcionarios de IMARPE a través de presuntas conductas colusionarias se estarían aprovechando de sus funciones en sus cargos públicos, para favorecer en la extracción de anchoveta a las empresas pesqueras señaladas, teniendo en cuenta que en dicha actividad se generan exorbitantes ganancias, no descartándose que habrían recibido un porcentaje por parte de las pesqueras”, señala el fiscal.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su desacuerdo con la decisión del fiscal Alata: “El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos desestimó este caso y dispuso que no había lugar a iniciar una investigación”.
“Si en el presente caso no existe delito, según lo confirma la propia Fiscalía, no se entiende las razones que justifican el inicio de estas investigaciones por lavado”, apuntó la SNP. En todo caso, garantizó que el gremio y sus empresas asociadas colaborarán con las indagaciones fiscales.
Resolución
Mandato del fiscal Mark Alata contra 3 servidores de IMARPE y 4 compañías pesqueras harineras.
La apelación del archivamiento de la denuncia anteriormente mencionada, terminó en que el 15 de noviembre de 2022, el caso 47-2022 en su disposición fiscal N° 04 dice:
“Lo dispuesto por el superior jerárquico, mediante Disposición de fecha 20 de octubre de 2022, en la que se dispone se inicien las diligencias preliminares contra Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.
En ese contexto, se ha tomado conocimiento que funcionarios del IMARPE, durante los años 2018 y 2019, habrían manipulado datos científicos para aumentar artificialmente la biomasa de anchoveta a 8,3 millones de toneladas y así inducir a las autoridades a fijar una alta cuota de pesca para la segunda temporada del año 2019, todo esto, con el propósito de favorecer a la industria de harina de pescado, por la cual las empresas pesqueras son las más interesadas para su exportación hechos que se acreditarían con unos audios existentes de conversaciones entre funcionarios actuales del IMARPE y ex funcionarios de esta misma entidad que ahora trabajan en las compañías pesqueras favorecidas e involucradas
Siendo así, habiéndose evaluado los hechos expuestos, mediante la Disposición Nº 01 de fecha 04 de julio de 2022, se resolvió: «No procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra Renato Carol Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten responsables, por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, disponiendo el archivo definitivo de los actuados, una vez que quede consentido y/o ejecutoriado.
No obstante, habiéndose elevado los actuados mediante la Disposición Nº 02 de fecha 27 de julio de 2022, a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos; mediante resolución superior de fecha 05 de setiembre de 2022, se resolvió declarar FUNDADO el recurso impugnatorio (queja de derecho), interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos, en consecuencia, se declara NULA la Disposición Nº 01 de fecha 04 de julio de 2022, emitida por este despacho fiscal, y se ordena iniciar investigación preliminar contra Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten responsables.
PRIMERO. INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra las personas naturales de Renato Carol Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Angel La Cruz Aparco y contra las personas jurídicas de CFG INVESTMENT SAC con RUC Nº 20512868046, Pesquera Diamante S.A. con RUC Nº 20159473148, Pesquera Exalmar S.A.A. con RUC Nº 20380336384, Tecnológica de Alimentos S.A. con RUC Nº 20100971772, y los que resulten responsables; en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
DECLARAR COMPLEJA la presente investigación preliminar y DISPONER como plazo de investigación OCHO MESES
Más información en los siguientes links:
https://senaldealerta.pe/6538-2/
https://es.mongabay.com/2020/02/peru-crisis-en-imarpe-oportunidades-tras-el-decreto-de-urgencia/
https://www.lampadia.com/analisis/economia/la-ministra-de-la-produccion-en-su-laberinto/?print=pdf
https://lpderecho.pe/modifican-ley-instituto-mar-peru-imarpe-decreto-urgencia-15-2020/
https://gestion.pe/economia/produce-genera-tormenta-ante-cambios-que-pretende-en-imarpe-noticia/
