Un país sufre “estanflación” cuando su crecimiento económico se estanca, con alto nivel de desempleo y, simultáneamente, experimenta una elevada inflación. Sus efectos son terribles especialmente para los más pobres. Para salir de la estanflación se requieren medidas traumáticas. El Perú ya ha sufrido estanflación, especialmente durante los últimos años del primer gobierno de Alan García.
Por el lado de la inflación, los datos del mes de agosto son preocupantes. El índice de precios al consumidor, que mide la inflación, aumentó 4.95% en los últimos 12 meses, mientras que el índice de precios al por mayor creció 11.98%, lo que apunta a una mayor inflación en lo que resta del año. El principal factor que ha contribuido a estos incrementos ha sido el aumento internacional de los precios de los combustibles y las principales materias primas importadas, como el trigo, maíz y aceite de soya, sumado a la devaluación de nuestra moneda frente el dólar y al incremento en los costos de transporte internacional.
La incertidumbre generada por este gobierno es la principal causa del deterioro del tipo de cambio y ha conducido a la reducción de la clasificación crediticia de la deuda peruana, que pronto se traducirá en mayores costos financieros para el Estado y para el sector privado. Son muchas las señales negativas que ha venido dando este gobierno, que no ha podido ni siquiera definir las nuevas autoridades del BCRP. En este contexto, las medidas anunciadas por el BCRP, de elevar la tasa de referencia y las tasas de encaje en moneda nacional, podrían ser contraproducentes y agravar la recesión del aparato productivo, que no ha podido recuperarse aún de las consecuencias de la antitécnica cuarentena decretada por el gobierno de Vizcarra.
Por el lado de la producción, la situación también es preocupante, en particular el sector turismo que no da indicios de mejora. La recuperación del turismo receptivo tomará más tiempo de lo esperado debido al rebrote de la pandemia a nivel mundial. La elevación de los precios de los minerales, especialmente el cobre, no se ha traducido en aumento de los volúmenes de producción del sector minero. La falta de una clara política minera y de hidrocarburos por parte del gobierno juntamente con la amenaza de una reforma tributaria, de una asamblea constituyente y de la participación de Petroperú en todos los ámbitos de producción energética, han paralizado la inversión minera e inclusive el retiro de inversiones extranjeras, como es el caso de la venta de la participación de Mitsui en la explotación de los Fosfatos de Bayóvar.
A pesar del programa Reactiva, el verdadero problema de la economía continúa siendo el desempleo. Las últimas estadísticas de empleo a nivel nacional publicadas por el INEI corresponden al mes de junio y revelan que se han perdido más de un millón de empleos formales en el área urbana a nivel nacional. Parte de los empleos formales perdidos en el área urbana han sido absorbidos por el sector informal que ha ganado 297 mil empleos. El efecto neto ha sido una elevación de la tasa de desempleo abierto de 3.6% antes de la pandemia a 5.5% en el mes de junio de este año. Este porcentaje equivale a más de 950 mil peruanos que no encuentran trabajo ni en el sector formal ni en el informal.
La situación del desempleo es peor aún si analizamos la evolución de la población en edad de trabajar (fuerza laboral). Del universo de la población en edad de trabajar, hay ciudadanos que deciden no buscar empleo para dedicarse a estudiar (universitarios) o amas de casa que deciden dedicarse a su hogar y no buscar empleo, o simplemente retirarse del mercado laboral.
En el Gráfico 1 se presenta la evolución del porcentaje de la Población en Edad de Trabajar (PET) es decir que ya no forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA) porque no está buscando trabajo. Observamos que durante la pandemia este porcentaje creció hasta superar el 50% como consecuencia de la antitécnica cuarentena (no se ha incluido por razones de escala). Sin embargo, una vez superada la cuarentena este porcentaje no ha vuelto a los niveles prepandemia. El porcentaje en promedio ha pasado de 27.8% a 29.9%, es decir que en la actualidad hay un mayor porcentaje de la fuerza laboral que ya no busca empleo y que por lo tanto no forma parte de la PEA que es el indicador que el INEI usa para calcular la tasa de desempleo.
¿A cuantos trabajadores equivale este cambio de porcentajes? En el Gráfico 2 hemos traducido estos porcentajes al número de ciudadanos que han dejado de buscar trabajo. Observamos que este número en promedio ha subido de los 6 millones 700 mil antes de la pandemia para 7 millones 500 mil en lo que va del año, es decir mas de 800 mil ciudadanos han dejado de buscar trabajo y por lo tanto ya no forman parte de la población económicamente activa.
¿Cuál es el impacto de estos números sobre la producción nacional? Los 800 mil ciudadanos que han dejado de buscar trabajo, representan más del 5.0% de la PEA que es una cantidad cercana al número de desempleados que figuran en las estadísticas oficiales de desempleo. Es decir, si consideráramos a estos ciudadanos como parte de la PEA, la tasa oficial de desempleo se elevaría de los 5.5% actuales a más del 10%. Por otro lado, los trabajadores que han quedado fuera de la PEA significan una pérdida significativa tanto en la producción nacional como de los ingresos dejados de percibir.
El alto nivel de desempleo abierto, la salida de la PEA de mas de 800 mil trabajadores, así como el incremento del empleo informal se han traducido en una caída del ingreso nacional respecto a los niveles previos a la pandemia de más de 20%. El gobierno ha venido compensando esta pérdida de ingreso con los bonos universales y subsidios. Sin embargo, este tipo de medidas, que no se traducen en generación de nuevo empleo formal permanente, no es la solución ya que tienen carácter temporal. El problema del nuevo gobierno es que cree que es solo un problema de demanda que se resuelve con más gasto público corriente. No percibe que el aumento del gasto corriente no genera puestos de trabajo formal permanentes.
Mientras el gobierno no promueva la inversión privada con medidas que eliminen la incertidumbre, difícilmente se generará nuevo empleo formal y mayor producción. Sin inversión privada la economía continuará deprimida. La inflación seguirá elevándose alimentada por un tipo de cambio creciente que se traducirá en mayores pérdidas de poder adquisitivo del consumidor forzando al gobierno a elevar el sueldo mínimo o a continuar otorgando bonos a la población más necesitada generándose un círculo vicioso difícil de revertir. Esta situación puede devenir en una estanflación que, de no ser controlada, puede convertirse en una espiral inflacionaria de imprevisibles consecuencias.
