En Perú entran y salen cada año aproximadamente US$ 10.000 millones como movimientos de los flujos financieros ilícitos relacionados a actividades de comercio; es decir, como parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal. Este dinero equivale al 4,5% del PBI y se podría cubrir rubros elementales del presupuesto nacional: el 118% del gasto en educación, el 183% del gasto en salud y el 512% del gasto en protección social. Uno de los principales canales usados para movilizar los FFI está vinculado a las operaciones de comercio internacional que se da entre los países y que da lugar al abuso fiscal vinculado a la facturación indebida, ya sea por subfacturación o sobrefacturación de las exportaciones e importaciones, lo que es facilitado por la existencia de la red de guaridas fiscales y la opacidad financiera y corporativa. Este es uno de los principales hallazgos de la investigación “Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos” de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
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