En febrero de 2022, la inflación mundial alcanzó su nivel más alto desde 2008. El nivel de la inflación en las economías avanzadas en febrero fue casi diez veces mayor al nivel del mismo mes del año anterior (ver Gráfico 1). Eso fue antes de que la invasión rusa de Ucrania hiciera que los precios de las materias primas se dispararan aún más. La inflación alta y creciente ha motivado que muchos bancos centrales de mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE) comiencen a endurecer su política monetaria. El Perú no es ajeno a este proceso inflacionario.
La invasión de Ucrania es probable que obligue a los Bancos Centrales de las EMDE a un endurecimiento de sus políticas más rápida que lo esperado y podría dar lugar a una desaceleración económica mayor a la anticipada. En este escenario, para permitir que la política monetaria de resultados y ancle las expectativas de inflación a mediano plazo, es necesario que los bancos centrales refuercen su credibilidad y que la política fiscal sea coherente con la política monetaria. De otra manera se corre el peligro de entrar en un proceso estanflacionario. Es decir inflación alta y recesión económica simultánea. Lamentablemente los hechos parecieran apuntar a que el Perú, a pesar de los esfuerzos del BCRP, va en camino a la estanflación.
Las medidas tomadas esta semana por el gobierno van de contramano con la política monetaria del BCRP. El aumento del sueldo mínimo en más del 10%, la eliminación del selectivo al consumo a los principales combustibles y la exoneración del IGV a los productos alimenticios son medidas que, si bien tendrán un efecto populista inmediato de reducir la tensión social, tendrán efecto inflacionario en el mediano plazo.
Un ejemplo claro de lo que sucede cuando se reduce o se exonera del IGV a los productos alimenticios en forma temporal ha sido la experiencia de Alemania en el 2020. Para paliar los efectos de la pandemia del COVID 19, el gobierno alemán redujo la tasa normal del IGV de 19% a 16% a partir del primero de julio de 2020. La tasa reducida de 7% que se aplica a restaurantes se redujo a 5% y la tasa a los alimentos se redujo de 19% a 5% para los productos alimenticios manufacturados y de 7% a 5% para los alimentos básicos. Estas reducciones estuvieron vigentes hasta diciembre del 2020. A partir de enero del 2021 las tasas volvieron a sus niveles normales excepto las de los alimentos que se elevaron de 5% a 7%. Esta última medida estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2021, fecha en la cual todas las tasas volvieron a los niveles previos a la pandemia.
¿Cuáles han sido los efectos de las medidas aplicadas en Alemania? En el Gráfico 3 se presenta el impacto de la variación de las tasas del IGV alemán (IVA) a los alimentos sobre la inflación al consumidor. Durante los meses de reducción de las tasas del IGV observamos una ligera caída de la inflación, mucho menor que el nivel de reducción del IGV, pero un incremento rápido de la inflación al eliminarse las reducciones de tasas durante el 2021. La experiencia de Alemania es clara, la reducción de tasas no conduce a reducciones permanentes de la inflación. Y reducciones permanentes de las tasas del IGV son insostenibles desde el punto de vista fiscal.
El uso de controles de precios sea a través de topes explícitos, subsidios, o a través de reducciones de tasas de impuestos, está muy extendido en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, incluidos los alimentos y los principales productos importados y exportados. Muchas veces se utilizan como una herramienta inmediatista con fines populistas. Los controles de precios generalmente frenan la inversión y el crecimiento, y en el mediano plazo empeoran los resultados de reducción de la pobreza, hacen que los países incurran en pesadas cargas fiscales y complican la conducción efectiva de la política monetaria.
Si bien los controles de precios pueden introducirse con las mejores intenciones de mejorar la situación de los más necesitados, los controles de precios casi siempre socavan el crecimiento y el desarrollo, deterioran las cuentas fiscales y debilitan la eficacia de la política monetaria.
Esto se debe a que los controles de precios causan un cambio en los patrones de consumo hacia los bienes subsidiados en detrimento de otros bienes no subsidiados generando un embalsamiento de la inflación. Además, cuando hay aumentos de los precios internacionales, las medidas de control de precios con frecuencia se transforman en regímenes de subvenciones que distorsionan todo el sistema de precios. En este contexto, los controles de precios producen importantes costos sociales, fiscales y ambientales, así como consecuencias adversas para la inversión y el empleo, que se traducen en reducciones de la productividad, deterioro de la distribución del ingreso y mayor pobreza.
Uno de los grandes logros del modelo económico implantado por Alberto Fujimori y consagrado en nuestra Constitución ha sido la remoción de todo tipo de control de precios. Pero los últimos gobiernos se han encargado poco a poco de ir reintroduciéndolos. Ahí están los topes a las tasas de interés, la anulación del IGV a los fertilizantes, las restricciones al mercado laboral. La heterodoxia está de vuelta. Y este gobierno se está encargando de llevarnos a pasos acelerados a la situación imperante durante el velascato y el primer gobierno de Alan García. Y ya sabemos adonde conducen estas nefastas políticas.
¿Qué hacer entonces para contener la inflación? La solución no está en el control de precios sino en plantear una política fiscal que complemente la política monetaria del BCRP. Una política que transmita un shock de confianza a los agentes económicos y que permita revertir las expectativas de inflación y crecimiento de mediano y largo plazo. La política fiscal debería reducir el gasto corriente del gobierno, apalancar la generación de empleo formal productivo, así como fomentar la inversión privada especialmente en minería, agricultura e infraestructura y no frenarla. Lamentablemente, la ideología impregnada en este gobierno no le permitirá hacerlo porque está en las antípodas del modelo social de mercado consagrado en la Constitución.
