Qué mayor expresión de exclusión económica que la informalidad laboral. En el Perú ésta trepó de 72,7% de la fuerza laboral en 2019 a 76,8% en 2021 y posiblemente supere el 77% en 2022, siendo una de las más altas del mundo. ¿Por qué viene agravándose la informalidad laboral? Porque 135 mil micro, pequeñas y medianas empresas formales han desaparecido del mapa, debido tanto al impacto de la pandemia como a una política laboral “Anti Mype” y un clima de inversión y de gobernabilidad deteriorado, que ha estancado la inversión privada y pública, obligando a miles de trabajadores a buscar un empleo de refugio en el sector informal.
Las políticas públicas son complejas y necesitan de expertos que las diseñen. A nadie con dos dedos de frente se le ocurriría construir un edificio de cien pisos sin el diseño de arquitectos e ingenieros del más alto nivel. Pues, gobernar un país es cientos de veces más complejo que construir cualquier edificio. Hay aspectos de temporalidad, consistencia, externalidades, sostenibilidad, resiliencia, etc. que requieren un enfoque holístico.
No es lo mismo subir el salario mínimo en medio del auge de un ciclo económico que hacerlo en medio del declive cíclico y, peor aún, en medio de una hecatombe de las Mypes por los efectos cruzados de una pandemia y una recesión mundial. La diferencia entre un mal gobierno y un buen gobierno estriba en la competencia de quienes toman sus decisiones, empezando por el presidente de la república, los ministros, pasando por los viceministros, directores generales, directores, etc. Si toda esa cadena no es de acero sino de latón o de tesis bambas, no es el IQ el que decide sino el impulso, el apetito de popularidad o el fanatismo.
En el peor momento se subió el salario mínimo pensando en ayudar a “los de abajo” y los reventaron, porque las empresas quebraron. Se eliminó la tercerización laboral sin ningún estudio serio acerca de cómo es que en el siglo XXI funcionan los clusters.
Paradójicamente Castillo menciona en su discurso que se promoverá a los clusters. Pero cómo, si por definición un cluster es un conglomerado de empresas articuladas a través de contratos que permiten aprovechar sinergias, lo que implica darle a la tercerización un rol central. También se evacuó entre gallos y media noche un nuevo Código de Trabajo que más parecía un código para un regimiento militar. Ya ahora último un decreto supremo por el cual se pretende masificar la sindicalización y promover las huelgas.
En ningún país civilizado, ni siquiera en países comunistas como Cuba, el estado legisla para promover paros y huelgas laborales, pues éstos son derechos que deben ser debidamente protegidos dentro de un marco de equilibrio con la necesidad de preservar la subsistencia de las empresas. Sobre todo en los países en desarrollo, donde la gran mayoría de puestos de trabajo son generados por las Mype, cuya productividad es muy baja comparada con la productividad media en países desarrollados. En ellos ese equilibrio sólo se alcanza cuando se respeta el carácter tripartito de la política laboral, cuando las decisiones son armonizadas a través del Consejo Nacional del Trabajo.
Llama la atención que un gobierno de izquierda como el actual no haya contribuido en nada a siquiera amortiguar el fenómeno de exclusión económica de efectos sociales tan perniciosos contra la población trabajadora, sino todo lo contrario.
Durante su primer año la administración Castillo ha hecho que el subempleo por reducción de ingresos suba 13,4% respecto a 2019 (Encuesta Permanente de Empleo del INEI), tras haberse expandido en 28,3% por efecto de la pandemia y la nefasta política económica anticíclica aplicada por el gobierno de Vizcarra.
Quiere decir que hoy el Perú tiene 41,7% más subempleados por pérdida de ingresos que los que tenía en 2019, concentrándose esta descomunal trepada en la pequeña empresa (58,8%) y en la microempresa (43,2%). Nada de esto dijo el mensaje presidencial del 28 de julio, que más pareció un simulacro de pirotecnia suiza, como aquello de que en 2022 la inversión alcanzará un nivel récord, cuando está nítidamente estancada.
Hasta ahora el gobierno de Castillo no se enfoca en las dos raíces de la exclusión económica generada por la informalidad: (1) los elevados costos y riesgos de volverse formal; y (2) la baja productividad de las empresas informales, que no les permite contar con los ingresos necesarios para cubrir sus costos.
De un lado, los elevados costos de volverse formal derivan de: la elevada carga impositiva y laboral que soportan las Pymes, la tramitología engorrosa para ser formal, el carácter policíaco de una SUNAT orientada a sancionar con altas multas cualquier falla involuntaria de carácter contable o declarativa, y la excesiva regulación en cuanto a condiciones de despido y modalidades de contratación.
Los elevados riesgos de volverse formal están vinculados a factores de desconfianza de la población en las entidades públicas, derivada de su excesiva discrecionalidad para aplicar la ley, la frondosidad de las normas legales, y el peligro de impunidad ante empresas o trabajadores que delinquen.
Los elevados costos de volverse formal deben ser afrontados frontalmente a través de una reforma tributaria integral que reduzca el impuesto a la renta de las empresas con base en la obtención de un reintegro tributario equivalente al pago de las contribuciones sociales y de salud durante el año fiscal, mientras en contrapartida se eleva el IGV promedio, se elimina los incentivos tributarios sectoriales y las exoneraciones al IGV y al ISC, para poder cubrir la menor recaudación de fuente directa. Ese reintegro se aplica al nuevo empleo generado y a la compra de bienes de capital adquiridos como parte de un programa de inversión de las empresas.[1]
El IGV debe fijarse diferenciando niveles sectorialmente, de manera que las empresas puedan sentir que la carga de impuestos indirectos que paga está genuinamente justificada por el nivel de valor agregado que genera. Las empresas de servicios intensivas en recursos humanos y que mayormente no utilizan insumos, se verían beneficiadas con un IGV menor, contribuyendo a sincerar su competitividad relativa.
De otro lado, la baja productividad de las empresas informales obedece a su carencia de asistencia técnica de calidad, al bajo nivel de educación y capacidad de gestión de sus empresarios, al bajo nivel de tecnificación de los trabajadores, al bajo nivel de acceso a financiamiento formal, a la falta de asociatividad y articulación entre empresas a través de cadenas productivas y clusters.
Para ello, propongo lanzar un Programa Nacional de Formalización de Empresas, a través de la restitución de PROMPYME como organismo especializado en la promoción de la formalización de la micro y pequeña empresa y como cabeza de un sistema de promoción de la Mype. Dicho programa debe brindar: (i) facilitación gratuita para formalizarse a través de ventanillas únicas; (ii) pago de un mínimo simbólico como impuesto a la renta por un plazo de 4 años; (iii) acceso a crédito promocional; y (iv) acceso a asistencia técnica y asesoría de gestión. Debe crearse un Consejo Nacional de la Formalización conformado por PRODUCE, el MEF, SBS, MICETUR, MINAGRI, MINEM, SUNAT y presidido por PROMPYME, para que coordine y monitoree la ejecución del programa.
En lugar de dedicarse a clausurar pequeñas empresas, la SUNAT deberá simplificar los regímenes tributarios y convertirse en el principal promotor del programa de formalización, trabajando en equipo con las municipalidades de todo el país.
De otro lado, debe impulsarse el aumento de la productividad de las mypes informales, con el soporte de: (i) un programa ‘Franquicias Populares’, orientado a desarrollar redes de pequeños negocios con marcas propias, generadores de empleos; (ii) el fortalecimiento y ampliación de la red de centros de innovación tecnológica; (iii) el dictado en todo el Perú de un programa de formación de emprendedores en gestión de negocios competitivos, aplicando herramientas presenciales y de tele – educación; y (iv) el fortalecimiento de los programas de asociatividad y clusterización de empresas.
Es increíble que en el Perú las tres cuartas partes de los trabajadores no sean clientes del sistema financiero. Para revertir esta situación, la SBS deberá promover la competencia y la innovación orientada a elevar el acceso al sistema y la desconcentración bancaria.
[1] Véase Jorge Baca, “La Informalidad Laboral”, Alerta Económica del 05.06.2017. En este artículo se analiza el caso de la reforma tributaria en Jamaica, su impacto económico positivo y su relevancia para el Perú.
