La zona euro activó este martes el procedimiento para sancionar a España y Portugal por incumplimiento de las reglas del déficit fiscal, una sanción que sin embargo podría ser nula por miedo a que estigmatice las políticas comunitarias, dando fuelle así a los movimientos antieuropeos poco después del Brexit.
Los ministros de Finanzas de la zona euro, reunidos en Bruselas, constataron, como lo señaló la Comisión Europea, que España y Portugal, “no tomaron suficientes acciones efectivas para corregir sus excesivos déficits”, según un comunicado. Esta nueva etapa del proceso, abierto el jueves pasado por la Comisión, da ahora 20 días a Bruselas para definir la sanción y diez días a Madrid y Lisboa para presentar sus argumentos, para evitarla o reducirla.
“Estas multas pueden alcanzar un máximo de 0, 2% del PBI”, añaden los ministros en el comunicado. En el caso de España representa 2.200 millones de euros, sobre la base del PBI del 2015, mientras que para Portugal asciende a 360 millones de euros. “Estoy convencido que llegaremos a un resultado inteligente”, dijo el ministro de Finanzas eslovaco, Peter Kazimir, cuyo país preside la Unión Europea, citado en el comunicado.
España incumplió los objetivos de déficit en el 2015, cuando el desajuste en las cuentas públicas alcanzó 5, 1% del PBI, muy por encima del 3% que establece el pacto de estabilidad y crecimiento y del fijado por la Comisión (4, 2%). En el 2016, el déficit podría incluso empeorar, teniendo en cuenta que desde hace seis meses España vive una parálisis política que forzó la convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas en junio.
El saliente jefe de gobierno conservador, Mariano Rajoy, que salió reforzado en estos segundos comicios aunque sin mayoría absoluta, había impulsado un histórico esfuerzo de austeridad para reducir el déficit de 10, 4% en el 2012 a 5% el año pasado. Portugal tuvo por su parte en el 2015 un déficit del 4, 4% a pesar de que se había fijado el objetivo de dejarlo en menos de 3%.
En conferencia de prensa al término de la reunión en Bruselas, el ministro de Finanzas español, Luis de Guindos, adelantó que insistirá ante la Comisión sobre el “giro” en España con el saneamiento económico, las reformas y los ahorros presupuestarios que ya ha realizado. “Sería una paradoja importante que a la economía europea, que ha tenido el giro más intenso en estos últimos años, la que más crece y más empleo crea, se le impusiera una multa”, dijo Guindos.
El ministro adelantó que Madrid propondría, para reducir el déficit a 3% en el 2017, aumentar el impuesto a las sociedades, una medida que aportará, dijo, unos 6.000 millones de euros. Esta medida supondrá una “modificación” del impuesto de sociedades por la que se aumentará el tipo de este tributo para las empresas que superen un cierto umbral de ingresos, explicó. Sin embargo, esta medida deberá ser adoptada por el futuro gobierno que se forme en España tras siete meses de bloqueo político desde las elecciones de diciembre que dejaron un congreso muy fragmentado e incapaz de investir un nuevo ejecutivo.
Desde Lisboa, el primer ministro portugués, Antonio Costa, estimó que sería “injusto y contraproductivo” sancionar al país. “Todo este proceso es un contrasentido”, dijo y aseguró que Portugal dejará este año el déficit público por debajo del 3% del PBI “sin necesidad de plan B o de medidas excepcionales”. Esta es la primera vez en la historia de la moneda única que se activa un proceso de sanción por no cumplir los objetivos de déficit.
Pero esta situación inédita coloca a la zona euro y la Comisión Europea ante una encrucijada en la que está en juego la credibilidad de sus propias reglas que, al respetarlas, los expone a las críticas, en particular poco después del voto en el Reino Unido para salir del bloque europeo.
“Lo que es más importante que la posición de halcones como Alemania y Holanda es el mensaje político de todo el proceso”, estimó Vincenzo Scarpetta, analista político del centro de reflexión Open Europe. La UE debe hacer “equilibrio entre la credibilidad de sus reglas fiscales y evitar las críticas políticas”, añadió. Por ello, Scarpetta sostiene que España y Portugal serán multados pero el monto de la sanción será de cero “o simbólico, a cambio de promesas de nuevas medidas”, un “gesto simbólico que no tendrá un impacto inmediato”.
Grégory Claeys, economista del instituto Bruegel, estimó por su parte que mientras que las reglas fiscales no sean perfectas “es mejor que haya flexibilidad”. “Si no los gobiernos acusan a Bruselas por los problemas y los euroescépticos acusan a la Unión Europea de todos los males”, observó.